Esta semana los datos oficiales del INDEC correspondientes al primer semestre de 2025 dejaron saber que la pobreza en los aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires descendió de manera significativa respecto al segundo semestre de 2024. En ese marco, el Gran Buenos Aires muestra las tasas más altas dentro de la jurisdicción, mientras que las ciudades del interior presentan variaciones importantes que exigen políticas locales diferenciadas.
El informe oficial indica que, en el total de los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH, la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas y al 24,1% de los hogares, mientras que la indigencia afectó al 6,9% y 5,6%, respectivamente. En este sentido, en la Región Pampeana, donde se incluyen varios aglomerados bonaerenses del interior, la pobreza afectó al 30,5% de las personas y al 22,0% de los hogares, con una indigencia de 6,4% y 4,9%.
El Gran Buenos Aires (CABA + Partidos del GBA) mostró cifras de 31,5% de personas pobres y 24,7% de hogares. Los Partidos del conurbano, concentrando la mayor presión social, registraron 35,3% de personas y 28,8% de hogares por debajo de la línea de pobreza. La caída de la pobreza en el Gran Buenos Aires fue notable: de 37,3% a 31,5% en personas, mientras que en los Partidos del GBA bajó de 42,1% a 35,3%. En los aglomerados del interior, la reducción fue más pronunciada en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
De esta manera, el INDEC explica que este descenso se debe a un aumento promedio de los ingresos familiares de 26,3%, superior al crecimiento de las canastas básicas (13,2% CBA y 12,3% CBT). Sin embargo, la brecha promedio entre ingresos de los hogares pobres y la canasta total permanece elevada, cercana al 37%.
En cuanto a la distribución por edad, el 45,4% de los niños y niñas de 0 a 14 años viven en hogares pobres, cifra que desciende a 37% en jóvenes de 15 a 29 años, 27,7% en adultos de 30 a 64 años y 10,8% en mayores de 65 años.
A pesar de que se ve un descenso significativo de la pobreza e indigencia en la Provincia, hay quienes advierten que estos números no necesariamente reflejan mejoras en el poder adquisitivo ni en el acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte y tarifas.
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