Este jueves el marco de la tercera sesión ordinaria del año, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en Bahía Blanca, a raíz de lo ocurrido en el último temporal del 7 de marzo que dejó 17 muertos y muchos destrozos en la ciudad. En ese marco, la iniciativa había sido impulsada por el oficialismo y obtuvo respaldo mayoritario en el recinto que conduce la vicegobernadora Verónica Magario.
Cabe destacar que la norma contempla la creación de un Comité Temporal de Emergencia que coordinará acciones de asistencia y reconstrucción en el distrito. Además, establece medidas de alivio fiscal y la suspensión de aumentos en los servicios públicos esenciales, con el objetivo de acompañar a familias, comercios y pymes afectadas por la catástrofe climática.
En este marco, el proyecto fue considerado clave por los legisladores de la región, ya que Bahía Blanca todavía atraviesa las consecuencias del temporal que destruyó viviendas, infraestructura urbana y provocó pérdidas millonarias en el sector productivo. Desde el oficialismo remarcaron que el Estado provincial debía garantizar herramientas para la recuperación económica y social.
Durante la sesión, también se sancionó la obligación de incluir en todos los recibos de sueldo de la Provincia la línea 144, número de contención y asesoramiento para víctimas de violencia de género, acompañado de una leyenda oficial del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Otro de los proyectos aprobados apunta a que las prestadoras de servicios públicos provinciales garanticen el suministro a hospitales, escuelas, municipios y asociaciones sin fines de lucro, aun cuando existan deudas o avisos de corte.
Además, se incorporaron medidas de carácter social y sanitario: la inclusión de información nutricional en las cartas de menú de locales gastronómicos, la obligación de ofrecer una opción saludable para niños y adolescentes y la creación del Observatorio de Personas en Situación de Calle, que permitirá contar con estadísticas actualizadas para diseñar políticas públicas específicas.
Finalmente, el Senado bonaerense también adhirió al Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad, con el fin de ampliar oportunidades laborales en el sector público y privado.
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