La cuenca del Río Salado atraviesa su peor crisis hídrica en años. Según un relevamiento satelital de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), hay más de 3,8 millones de hectáreas afectadas, con 2 millones que se encuentran directamente bajo el agua o anegadas, y esto se lo adjudican a la gestión de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof.
El diagnóstico es de "desastre productivo": la situación paralizó la siembra de soja y maíz, cuya ventana ideal se cierra rápidamente, y amenaza con generar pérdidas económicas superiores a los USD 2.000 millones en 2026. Según el informe, basado en imágenes tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, los partidos más complicados son Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln y Carlos Casares.
Los datos del INTA Pergamino confirman el deterioro acelerado en la región: en Carlos Casares pasó de 9.850 hectáreas afectadas en febrero a 129.500 en octubre (más de la mitad del partido), en 9 de Julio saltó de 63.535 a 128.500 hectáreas y en Bragado pasó de 3.800 a 50.540 hectáreas.
El drama no es solo el agua visible: napas altas y caminos rurales intransitables han dejado aislados incluso a los campos que no están inundados, impidiendo el movimiento de hacienda y la logística de los tambos.
Más allá del clima, Carbap apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof por el atraso en el Plan Maestro del Río Salado, una obra estructural que hoy tiene un avance de "apenas la mitad" y que debería haberse terminado hace una década.
El malestar del campo se profundizó al analizar el proyecto de Presupuesto 2026 enviado a la Legislatura, calificando la relación entre recaudación e inversión como "inaceptable y ofensiva". En ese marco, se prevé un aumento del 100% en el Impuesto Inmobiliario Rural (una recaudación extra de USD 70 millones), y se asignan apenas USD 4 millones para las obras del Plan Maestro del Salado.
"La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer", resumieron desde la entidad. Ante este escenario, el sector exigió un compromiso público de los tres niveles de gobierno (Nación, Provincia y Municipios) para que el Plan Maestro esté completamente terminado para 2030.
"No es una promesa, es una obligación moral, productiva y social", sentenciaron, recordando que esta cuenca aporta el 25% de los granos del país y el 28% del stock bovino.
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