El sistema político bonaerense enfrenta un nuevo y urgente desafío: aprobar el Presupuesto 2026 y el financiamiento antes de fin de año, o arriesgarse a no tener ley de leyes por tercer período consecutivo. En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof presiona a la Legislatura para conseguir la aprobación que le permita encarar sus últimos dos años de gestión.
En este marco, si bien Kicillof eligió no involucrarse personalmente en la "rosca" política, sus propias tropas advierten que esta vez "deberá ser más generoso que el año pasado y entregar algo a cambio de apoyos legislativos".
Cabe destacar que el Ejecutivo ya designó a Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis como sus interlocutores en la Cámara de Diputados, una clara señal de cambio para evitar repetir el fracaso de 2024. Sin embargo, aún no hay certezas sobre a qué está dispuesto a ceder el Gobierno en sus negociaciones.
En este sentido, la Provincia insiste con la imperiosa necesidad del financiamiento para hacer frente a vencimientos de deuda, financiar obras y asistir a los 135 municipios, gran parte de los cuales se encuentran "asfixiados" económicamente.
En este marco, son varios los jefes comunales que demandan al ministro de Economía, Pablo López, respuestas concretas y el pago de deudas provinciales para aliviar las arcas municipales.
Sin embargo, la orden de Kicillof a sus alfiles es directa: recordar a los alcaldes que, para poder brindarles soluciones, necesita contar con el financiamiento. Por lo tanto, deben presionar a sus representantes legislativos para que acompañen la aprobación de la ley.
El pedido de endeudamiento, que requiere mayorías especiales, no solo encuentra cuestionamientos en la oposición (que pide un gesto de pago de deudas), sino también dentro del propio kirchnerismo.
En sectores de la administración pública se advierte que "el Presupuesto 2026 también se apoya en un esquema de endeudamiento sin precedentes", que representa un alto porcentaje de la deuda total de la Provincia.
Sin embargo, la cifra que desata la alarma es el total solicitado: USD 3.685 millones de nueva deuda, lo que, según los críticos internos, aumenta la "fragilidad fiscal" y supedita la inversión real al financiamiento externo.
En medio de los tironeos, en algunas áreas de la administración corre el rumor de que el Gobierno precisa el endeudamiento para poder garantizar el pago de salarios y aguinaldo. La voz oficial, en cambio, asegura que la prioridad es cumplir con el cronograma de haberes de todos los trabajadores, y que para ello es imprescindible el avance legislativo.
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