En los despachos de la Gobernación las cosas se mueven rápido. Tras años de parálisis y un tribunal que funciona con apenas 3 de sus 7 miembros, el 2026 será el año en que Axel Kicillof buscará ponerle su impronta a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Desde el entorno del Gobernador se mueven con pura confianza por los “buenos candidatos” que parecieran tener. En este sentido, circulan con fuerza dos apellidos que representan el ADN del kicillofismo puro.
El primero es Santiago Pérez Teruel, el actual Asesor General de Gobierno es el hombre que cuida la firma del Gobernador. Su perfil técnico-político lo posiciona como el favorito para encabezar la ofensiva en el Senado.
A su vez, otro de los nombres que circulan es Federico Thea, el actual titular del Tribunal de Cuentas es otro de los "imprescindibles". En este sentido, su nombre suena como una fija para ocupar uno de los despachos del cuarto piso de las torres de justicia.
De esta manera, Kicillof sabe que, para sentar a sus hombres en el máximo tribunal, necesita una mayoría calificada en el Senado y esto lo obliga a una negociación con la oposición y con los intendentes, que también pujaran para poder poner algún nombre propio y no quedar fuera de la foto judicial.
Hoy la Corte sobrevive con Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. En ese sentido, para firmar fallos, deben andar "mendingando" magistrados de instancias inferiores, lo que ralentiza causas clave que afectan desde las finanzas provinciales hasta conflictos de coparticipación municipal.
El plan del Gobierno de Kicillof es ambicioso. Entre marzo y abril planean el lanzamiento formal de las postulaciones, en mayo y junio se llevaran a cabo las audiencias públicas y el "tire y afloje" con los bloques opositores. Finalmente, en julio, el objetivo es llegar a la feria judicial de invierno con los pliegos aprobados.
Cabe destacar que en los pasillos de Tribunales se comenta que el bajísimo presupuesto judicial de este año será la "moneda de cambio" en la negociación. En ese sentido, la oposición podría liberar los nombres a cambio de partidas presupuestarias para reactivar nombramientos en juzgados de paz e instancias inferiores que están desiertos.
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