Escándalo ANDIS: procesaron y embargaron por $200 millones a Diego Spagnuolo

La investigación que comenzó hace medio año sobre el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) alcanzó su punto de mayor tensión judicial. Esta semana el juez Sebastián Casanello determinó que durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei se instaló una estructura criminal destinada a defraudar al Estado mediante contrataciones irregulares.

Según el procesamiento de 19 personas, el núcleo del delito se encontraba en el direccionamiento de fondos del programa Incluir Salud, destinado a la atención médica de los sectores más vulnerables. En ese marco, se investigan compras de medicamentos y servicios con costos inflados, donde una parte del excedente regresaba a los funcionarios como sobornos.

Cabe destacar que Spagnuolo está acusado de actuar en favor de laboratorios privados mientras detentaba el cargo máximo de control en la Agencia. Además del exdirector, fueron procesados su "número dos", Daniel Garbellini, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al sector farmacéutico.

La justicia fue contundente respecto al daño patrimonial. El embargo más significativo recayó sobre Diego Spagnuolo, quien deberá responder con sus bienes por un monto superior a los 200 millones de pesos. Para Casanello, el exfuncionario no solo fue negligente, sino que fue el líder de un esquema donde "operadores externos y autoridades máximas actuaron mancomunadamente contra el interés general".

Este procesamiento llega en un momento de alta sensibilidad en territorio bonaerense, donde recientemente se denunció el uso de los padrones de Incluir Salud con fines proselitistas por parte de dirigentes libertarios en la Sexta Sección.

La confirmación judicial de un sistema de corrupción institucional en la ANDIS pone en duda la transparencia de toda la cadena de suministros que llega a los hospitales y centros de atención de la provincia de Buenos Aires.

Hay que remarcar que desde la Casa Rosada intentan despegarse de Spagnuolo (quien fue desplazado de su cargo en agosto de 2024 tras las primeras denuncias), pero el fallo de Casanello es claro al señalar que este entramado se gestó y operó bajo la actual estructura de gobierno, afectando directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad.