El “Pacto de Dolores”: cinco intendentes bonaerenses se unen para combatir el delito

En un movimiento estratégico para enfrentar el avance de la inseguridad en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, los intendentes Juan Pablo García (Dolores), Francisco Echarren (Castelli), Juan de Jesús (La Costa), Carlos Rocha (General Guido) y Héctor Olivera (Tordillo) conformaron una mesa de trabajo permanente con el Ministerio Público Fiscal.

La reunión, centrada en la eficiencia judicial, busca que las detenciones policiales se traduzcan en condenas efectivas. Durante la jornada, el Fiscal General, Diego Escoda, presentó un informe detallado con las estadísticas criminales de cada distrito.

El análisis permitió identificar patrones comunes, como los delitos rurales y en ruta, dado que la conectividad de la Autovía 2 y las rutas provinciales facilita el desplazamiento de bandas dedicadas al abigeato y robos bajo la modalidad "piratería del asfalto".

A su vez, los intendentes reclamaron un monitoreo más cercano de las investigaciones para evitar que los delincuentes reincidentes regresen a las calles en poco tiempo, y se discutió la integración de los centros de monitoreo municipales con las bases de datos de la fiscalía.

Cabe destacar que el Departamento Judicial Dolores es uno de los más extensos y complejos de la provincia. La articulación entre los municipios y la justicia es clave por varios motivos. En primer lugar, por el turismo y estacionalidad ya que partidos como La Costa triplican su población en verano, lo que exige una flexibilidad judicial que hoy se ve desbordada.

Finalmente, hay que destacar la logística compartida dado que los delincuentes suelen operar en una ciudad y esconderse en otra vecina. La coordinación permite cerrar el cerco perimetral de la región.

"Coordinar esfuerzos es fundamental para que las políticas de seguridad se traduzcan en resultados concretos", coincidieron los mandatarios.

La reunión no solo sirvió para el intercambio de datos, sino para enviar un mensaje político de unidad frente a una problemática que no distingue fronteras partidarias. En ese marco, los jefes comunales reafirmaron que la seguridad es la prioridad número uno en sus agendas para este 2026.