Crisis en el Gabinete de Kicillof: Correa contra la espada y la pared por denuncias por “explotación”

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Walter Correa, atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas tras una serie de renuncias que pusieron bajo la lupa el funcionamiento interno de la cartera. Según informó el portal Cronos Noticias, la dimisión de dos funcionarios de alto rango de la Subsecretaría de Inspección detonó un escándalo que incluye acusaciones de sobreexigencia laboral, acoso e instigación, en un organismo que irónicamente debe velar por los derechos de los trabajadores.

Las bajas se produjeron en áreas sensibles: Maximiliano Sanfilippo, director de Higiene y Seguridad, y Rodrigo Carballeira Gibson, titular de Inspección Laboral, abandonaron sus cargos tras negarse a convalidar un esquema de trabajo que, según lo trascendido, consideraron abusivo. Ambos funcionarios, que dependían del subsecretario Mariano Salomón, aparentemente habrían resistido presiones para implementar modalidades de control que luego derivaron en denuncias por parte de los propios inspectores de calle.

De acuerdo a lo que dejó saber Cronos, el malestar estalló durante el operativo de verano en la Costa Atlántica. Los inspectores enviados a los distritos turísticos denunciaron condiciones de hacinamiento en los alojamientos y jornadas laborales que se extendían entre 12 y 13 horas diarias. Acorde a fuentes del área, los directores renunciantes buscaron resguardar la integridad del personal y se opusieron a un sistema de "productividad" que priorizaba la cantidad de actas labradas por sobre la calidad de la registración laboral.

Las críticas también apuntan al diseño estratégico de las inspecciones. Según lo trascendido, los trabajadores señalaron que se les ordenó relevar exclusivamente establecimientos con más de tres empleados, una maniobra que tendría como único fin incrementar el volumen estadístico del reporte final del operativo. Este sistema, calificado por los propios agentes como un "fracaso", no habría tenido un impacto real en la mejora de las condiciones de trabajo en el territorio, sino que buscaba sostener un manejo discrecional sobre el circuito de multas.

La controversia escala a niveles legales, ya que las situaciones de acoso denunciadas contravendrían el Convenio 190 de la OIT, un tratado internacional sobre violencia laboral que la Argentina ha ratificado. Mientras el ministro Walter Correa queda en el centro de las críticas, dentro del organismo persisten los interrogantes sobre la existencia de "zonas liberadas", es decir, municipios específicos donde las inspecciones laborales no se realizan de manera sistemática, alimentando sospechas sobre la transparencia de la gestión.