En medio de un clima de tensión por las medidas de fuerza en las Universidades del país, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo clave contra la administración de Javier Milei. La Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena al Ejecutivo implementar la Ley de Financiamiento Universitario, la cual había sido sancionada por el Congreso y posteriormente vetada por el Presidente en octubre pasado.
El fallo responde al planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país. Al confirmar la sentencia de primera instancia que el Gobierno había apelado, los jueces determinaron que la administración libertaria no logró rebatir los fundamentos legales del reclamo. De esta manera, el Estado Nacional ya no tiene alternativas legales para evitar la aplicación de la norma.
El punto central de la resolución judicial radica en la recomposición de los ingresos. El Gobierno deberá poner en marcha de forma urgente los artículos referidos a la actualización y recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades nacionales, un sector que denuncia un retraso histórico frente a la inflación.
Esta decisión se suma a otros reveses judiciales sufridos por la gestión libertaria, como la suspensión de capítulos de la reforma laboral. Para el juez Jorge Morán, la "verosimilitud del derecho" invocado por las universidades es clara, obligando al Ministerio de Capital Humano a girar los fondos correspondientes para garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior y la dignidad salarial de sus trabajadores.
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