El Gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelve a llevar el reclamo territorial a las puertas de la Casa Rosada. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, confirmó que el próximo martes marchará al Ministerio de Economía de la Nación junto a un nutrido grupo de intendentes para exigir una marcha atrás en los recientes aumentos de los combustibles.
La movida busca que el ministro Luis Caputo retrotraiga los valores de la nafta y el gasoil al 1° de marzo. El argumento central es el impacto devastador del último incremento, estimado en un 25% tras la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, que ha puesto en jaque la logística de cargas y la sustentabilidad del transporte público en los municipios.
Desde el entorno de Katopodis confirmaron que la invitación no solo alcanzó a jefes comunales bonaerenses, sino también a mandatarios de otras provincias, buscando una foto de fuerte peso federal. Además, según trascendió en los medios, todo parece indicar que el propio gobernador Axel Kicillof se sumaría a la firma del documento que será entregado en el Palacio de Hacienda.
Esta táctica no es nueva para el "Ministro militante". El año pasado, Katopodis reunió a 20 intendentes para denunciar judicialmente el desvío de fondos del Impuesto a los Combustibles que debían destinarse al mantenimiento de rutas. Cabe destacar que la Federación Argentina de Municipios, liderada por Fernando Espinoza, ya adelantó su acompañamiento tras la reunión virtual de ayer, donde se acordó coordinar acciones directas frente a un modelo económico que "profundiza la crisis".
La preocupación de los intendentes radica en el efecto dominó: sin subsidios nacionales y con el combustible en alza constante, las cajas municipales ya no pueden absorber el costo de los servicios básicos. "Estamos coordinando acciones frente a un modelo que nos asfixia", señaló Ricardo Curuchet, intendente de Marcos Paz.
La jornada del martes promete ser un nuevo punto de inflexión en la relación entre la Provincia y la Nación, trasladando la tensión de los despachos judiciales a la puerta misma de la gestión económica de Javier Milei.
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