El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires concretó la transferencia de $13.010 millones a los municipios, cumpliendo con la primera etapa de la Ley N° 15.561. Estos recursos, provenientes de la colocación de bonos en el mercado local, representan el 8% de un fondo total de más de $232.000 millones destinados a fortalecer las finanzas locales en medio del ajuste nacional.
Al ser fondos de "libre disponibilidad", los intendentes cuentan con margen de maniobra para destinarlos a gastos corrientes, pago de salarios o pequeñas obras de infraestructura, sin necesidad de rendir cuentas por programas específicos.
El reparto volvió a poner de manifiesto las asimetrías estructurales de la provincia. Al utilizarse el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que pondera población y capacidad tributaria, las grandes estructuras del Conurbano y ciudades cabecera concentraron el mayor volumen de recursos.
En el otro extremo de la tabla, los distritos con menor densidad demográfica recibieron partidas que, para muchos intendentes del interior, resultan marginales frente a los costos operativos fijos.
Un punto clave de esta transferencia es su origen: el endeudamiento provincial. Si bien otorga un respiro inmediato y refuerza la autonomía municipal, también traslada el costo fiscal hacia el futuro.
Para los intendentes de municipios pequeños, el esquema sigue siendo motivo de debate, ya que consideran que el CUD no compensa adecuadamente la dificultad para generar recursos propios en comparación con los gigantes del Área Metropolitana. Sin embargo, en el actual contexto de asfixia, estos "fondos sin ataduras" son recibidos como un alivio indispensable para sostener la gobernabilidad en el territorio.
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