Villa Gesell, Morón, Lanús y Presidente Perón salpicados en un escándalo por multas millonarias

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires emitió una nueva tanda de resoluciones sobre el ejercicio 2024 que pone en jaque la prolijidad administrativa de varios distritos clave. Si bien los balances fueron aprobados, el organismo aplicó multas y cargos solidarios que exponen fallas en el manejo de los fondos públicos en municipios del Conurbano y la Costa Atlántica.

En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera recibió una de las sanciones más duras. El Tribunal aplicó multas millonarias al jefe comunal y a parte de su gabinete, además de formular cargos solidarios por sumas adicionales que los funcionarios deberán responder con su patrimonio. Varios expedientes quedaron bajo reserva para futuras investigaciones.

Por otro lado, en Presidente Perón, la intendenta Blanca Cantero también fue alcanzada por sanciones económicas. El fallo incluyó multas contra la jefa comunal, el contador municipal y la jefa de Compras, tras detectarse egresos que no contaban con el respaldo técnico o legal necesario.

En el caso de Lanús, la resolución para el distrito del sur del Conurbano combinó la aprobación formal con multas acotadas y observaciones administrativas. El Tribunal dejó asentados incumplimientos en los procedimientos de gestión que obligarán a la administración local a ajustar sus controles internos.

Por su parte, en Morón, el análisis del organismo se centró en Morón 2020 SAPEM. Si bien las cuentas fueron avaladas, hubo amonestaciones y observaciones sobre la operatoria de la empresa municipal, marcando responsabilidades individuales sobre los funcionarios a cargo de la gestión de activos.

Fuera de las multas tradicionales, el caso de Berazategui generó un ruido político inmediato. El Tribunal detectó que la municipalidad, bajo la gestión de Juan José Mussi, colocó más de 50 mil millones de pesos en entidades privadas como el Banco Credicoop, Galicia, Supervielle e Hipotecario.

La maniobra contradice la normativa que obliga a los municipios a operar exclusivamente con la banca pública (Banco Provincia). Aunque la comuna argumentó que buscaba mayor rentabilidad por tasas de interés, el organismo rechazó el criterio y sancionó administrativamente a los responsables del área económica, advirtiendo que la ley prima sobre cualquier beneficio financiero.

El informe del Tribunal de Cuentas funciona como un semáforo amarillo para los intendentes. En un contexto de recursos escasos, el organismo empezó a dejar por escrito que la aprobación técnica de un balance no exime de responsabilidad legal a los funcionarios ante pagos indebidos, errores contables o falta de respaldo en el destino de los insumos.