Sin tregua: sectores del peronismo presionan a Kicillof para que dicte cuatro emergencias clave

Las tensiones internas en la provincia de Buenos Aires se trasladaron a los pasillos de la Legislatura bonaerense cuando diversos legisladores del bloque oficialista Fuerza Patria presentaron una batería de proyectos que exigen declarar cuatro emergencias clave en diversas regiones bonaerenses. En este sentido, la avanzada legislativa está coordinada por el cristinismo, La Cámpora y el Frente Renovador, justo en momentos en que el oficialismo debate a puertas cerradas el reparto de poder en las estratégicas comisiones parlamentarias.

Si bien los fundamentos de los expedientes apuntan a los masivos recortes de fondos ejecutados por la administración de Javier Milei, en el entorno cercano a Axel Kicillof las iniciativas fueron recibidas con cierto malestar, ya que fueron vistas como un mecanismo de presión interna para forzar una reasignación presupuestaria extraordinaria en áreas críticas.

El principal ariete de este paquete de leyes es el senador provincial y vicepresidente primero de la Cámara Alta, Mario Ishii, quien firmó dos de los proyectos de mayor impacto político y presupuestario. El primero, la Emergencia Alimentaria y Nutricional, propone un esquema de 18 meses de duración con el fin de reforzar de manera urgente las partidas destinadas a los comedores escolares (SAE), merenderos comunitarios y planes de asistencia directa. La norma obliga a realizar actualizaciones periódicas de los montos atadas al índice de inflación y crea una comisión bicameral de seguimiento. Ishii argumentó que la gravedad de la crisis social obliga al Estado provincial a “priorizar el acceso a la comida por encima de otros gastos no esenciales”.

El segundo, la Emergencia Sanitaria y Humanitaria, busca dotar al Ministerio de Salud de herramientas extraordinarias para acelerar la compra directa de medicamentos de alta complejidad, insumos básicos y vacunas para los hospitales públicos y centros de atención primaria (CAPS). En este expediente, el senador evitó la lógica de la polarización total y repartió responsabilidades, sosteniendo que tanto la Nación como la Provincia deben asumir compromisos para frenar el vaciamiento de profesionales, la falta de insumos y el deterioro de aparatología médica ante la inminente saturación invernal.

El resto del paquete normativo se completa en la Cámara de Diputados, donde sectores específicos de la coalición gobernante salieron a contener las demandas de corporaciones y colectivos sociales que vienen multiplicando sus protestas en las calles de La Plata.

Por un lado, la diputada camporista Margarita Recalde formalizó el pedido de declaración de la Emergencia en Discapacidad por el plazo de un año. El objetivo central del proyecto es garantizar un flujo de financiamiento extraordinario y de emergencia para el sostenimiento de las escuelas especiales, los Centros de Día y los Talleres Protegidos, estructuras que hoy se declaran al borde de la parálisis total por el descalce entre los costos operativos y los valores de las prestaciones reguladas.

Por el otro, el massista Juan Malpeli se puso al frente de la agenda productiva al proponer una extensión por tres años de la emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas. El legislador del Frente Renovador fundamentó que las cooperativas industriales de la provincia se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad debido al combo letal que significan la caída vertical del consumo interno, la apertura comercial y los fuertes incrementos en las tarifas de energía eléctrica y gas mayorista, factores que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo autogestionados.

De esta forma, la conducción de Fuerza Patria abrió un frente de debate inédito para el kicillofismo. Mientras el Gobernador intenta hacer equilibrio fiscal frente al recorte de transferencias no automáticas y prioriza el uso de Letras del Tesoro para mantener la liquidez diaria, sus propios socios políticos le exigen decretar estados de excepción que, en la práctica, implicarán un fuerte y obligatorio direccionamiento de los escasos recursos provinciales hacia el Conurbano más postergado.