Golpe al bolsillo: Kicillof oficializó un nuevo tarifazo de luz desde junio

El bolsillo de los bonaerenses volverá a enfrentar una severa prueba de resistencia a partir del próximo mes dado que el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó y oficializó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de energía eléctrica que entrará en vigencia a partir de junio. El ajuste impactará de manera directa sobre usuarios residenciales, comercios, pymes y grandes industrias, combinando el traslado de los costos mayoristas fijados por la Casa Rosada con una actualización de los márgenes de ganancia locales de las empresas distribuidoras y una poda progresiva en los subsidios estatales.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 399 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comandado por Gabriel Katopodis, tras publicarse en las últimas horas en el Boletín Oficial de la provincia. Según explicaron desde los despachos de La Plata, el recálculo, confeccionado técnicamente por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA), incorpora los nuevos valores estacionales de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre mayo-julio de 2026, junto con una actualización transitoria del denominado Valor Agregado de Distribución (VAD).

El hachazo tarifario alcanza de forma directa a las cuatro principales operadoras del territorio provincial: EDELAP (La Plata y región capital), EDEA (Costa Atlántica y centro), EDEN (norte y noroeste) y EDES (sur bonaerense), además de las áreas de distribución provinciales Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

El corazón de la resolución radica en el debut e implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una arquitectura de asistencia social que fue creada originalmente por el Decreto Nacional 943/2025. Este esquema sepulta de forma definitiva las antiguas segmentaciones y pasa a concentrar el auxilio fiscal únicamente en la población que acredite condiciones extremas de vulnerabilidad socioeconómica.

A partir de la puesta en marcha de este sistema, los beneficios de la luz dejarán de ser universales y quedarán condicionados de forma estricta a un bloque básico y limitado de consumo mensual:

• Temporada alta (mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero): El tope máximo subsidiado se fijó en 300 kWh mensuales.
• Temporada baja (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre): El límite tolerable por el Estado descenderá de forma drástica a los 150 kWh mensuales.
• Pérdida de beneficio: Todo usuario residencial que consuma un solo kilovatio por encima de esos topes perderá la bonificación por el excedente y pasará a abonar tarifa plena a valor de mercado mayorista.

Asimismo, si bien los beneficiarios del SEF retendrán una bonificación general del 50% sobre el precio estacional de la energía, la resolución de Calle 6 ratifica que la denominada "bonificación extraordinaria adicional" continuará reduciéndose de manera gradual y licuándose a lo largo del año: para el tramo junio-julio quedó fijada en un magro 10,67%.

De forma complementaria, el andamiaje normativo de la Provincia procedió a actualizar el valor del Cargo Transición Tarifaria (CTT), un instrumento recaudatorio que las distribuidoras aplican de forma excepcional mientras se mantenga pendiente y demorada la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del sistema eléctrico bonaerense. Los retoques también modificaron los valores del Agregado Tarifario y del Sobrecosto por Generación Local, ítems que golpearán con mayor dureza a las cooperativas eléctricas y usuarios ubicados en el interior de la provincia.

La única nota de alivio en medio del severo reajuste tarifario estuvo destinada al tejido social e institucional de las localidades. La resolución ratificó la vigencia de cuadros tarifarios específicos con beneficios especiales para los clubes de barrio y las entidades de bien público. En estos casos considerados vitales para la contención comunitaria, las bonificaciones estatales seguirán cubriendo la totalidad del consumo eléctrico, blindándolos frente a la quita de subsidios que rige para el resto de la sociedad civil.