El asesinato de un comisario en La Matanza destapó una crisis interna en la Seguridad bonaerense

El asesinato de un alto miembro de la fuerza policial en el corazón del Conurbano profundo provocó un cimbronazo político en el gobierno de Axel Kicillof. El violento episodio, registrado el lunes por la noche en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, derivó en una severa crisis de conducción y en cuestionamientos internos dirigidos hacia el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, a quien la tragedia lo sorprendió a más de mil kilómetros de distancia, cumpliendo con una agenda de actividades partidarias e institucionales en la provincia de Mendoza.

La víctima del ataque fue el comisario Diego Fernando P., de 46 años, un respetado efectivo que prestaba funciones pedagógicas y operativas en la Escuela de Policía Juan Vucetich. De acuerdo con las reconstrucciones periciales de los investigadores, el oficial se encontraba de franco de servicio y fuera de su horario laboral cuando fue interceptado por cuatro delincuentes que se desplazaban a bordo de dos motocicletas, con la clara intención de sustraerle su camioneta particular en el momento en que se disponía a buscar a uno de sus hijos.

El comisario intentó repeler la agresión armada, desatando un tiroteo en el que recibió múltiples impactos de bala mortales. Pese a los esfuerzos médicos tras ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, falleció a los pocos minutos de ingresar. El homicidio del jefe policial impactó de lleno en la línea de flotación de la cartera de Seguridad bonaerense, y la embestida más destructiva llegó desde los propios despachos del oficialismo provincial, exponiendo el estado de fragilidad en el que se encuentran las relaciones entre las tribus del PJ y el entorno de la Gobernación.

El encargado de dar cuenta de este malestar generalizado fue el senador provincial de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, quien no dudó en ventilar públicamente las facturas políticas: "Hay mucha bronca en el peronismo por esta situación. Consideramos totalmente inoportuno que el ministro Alonso se encuentre fuera de la Provincia, participando de actividades en Mendoza, mientras en el territorio bonaerense se desata y se padece una crisis de seguridad de semejante magnitud".

La indignación en las filas de la militancia justicialista se potenció de manera exponencial tras la viralización de imágenes en las redes sociales que exhibían a Javier Alonso compartiendo paneles, fotos protocolares y rosca política con funcionarios del arco mendocino. Aunque desde los despachos del Ministerio se apuraron a aclarar que el viaje respondía a un esquema técnico previamente pautado en la agenda de gestión, hacia el interior de la fuerza y de los municipios la excursión cuyana fue decodificada como una grave falta de timón en el área más caliente de la provincia de Buenos Aires.

Horas después de que la noticia del crimen escalara en los portales nacionales, el ministro Alonso apeló a sus cuentas oficiales para emitir un mensaje de pésame y despedida hacia el comisario acribillado. "Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento", redactó el titular de la cartera, intentando ponderar los años de servicio y el compromiso institucional del agente de la Vucetich.

No obstante, la diplomacia digital no sirvió para calmar las aguas de una interna partidaria que utiliza el drama de las estadísticas criminales del Conurbano como un ariete de posicionamiento político. Mientras las máximas jerarquías de la Policía Bonaerense despliegan saturaciones territoriales y allanamientos de urgencia en La Matanza para intentar dar con el paradero de los cuatro motochorros prófugos, el homicidio del comisario reactivó de forma irreversible el debate sobre las deficiencias de los esquemas preventivos y dejó al desnudo que el control de la calle es el flanco más expuesto y vulnerable.