La idea de iniciar un juicio político contra el Procurador de la Provincia Julio Conte Grand, se está estancando cada vez más. La intención del oficialismo es conformar una especie de comisión especial, para que investigue el accionar del funcionario judicial en relación con el presunto armado de causas, sin embargo para que esto suceda, se necesita algún apoyo del sector opositor.

Esta semana, el proyecto va a tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Diputados, que preside la kirchnerista Susana González, alli se espera que la oposicion se sume, aunque se tiene claro que eso no pasara desde los sectores del PRO, ya que están firmemente plantados en defender al Procurador, que llegó al cargo durante el gobierno de María Eugenia Vidal. 

En ese contexto, el Frente de Todos depositó su confianza en la Unión Cívica Radical, ya que no había manifestado una tajante negativa a “por lo menos que se investigue con profundidad el tema”. Pero, según pudo confirmar LaTecla.Info, los boina blanca finalmente no acompañarán.

"Vamos a rechazar (el dictamen del Frente de Todos) y creo que no hay motivos, o mejor dicho elementos, para avanzar en los juicios políticos. Son cuestiones políticas", dijo a ese medio un legislador del espacio.

Cabe mencionar que, el oficialismo intentó encarar un proceso de juicio político contra Conte Grand por el Senado, pero fue frenado rápidamente por la paridad que el bloque de Juntos tiene con el oficialismo. Por eso intentó encaminarse por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista.

“El oficialismo no quiere el cargo, no pretende que el nuevo Procurador sea del espacio, lo que quiere es sacar a Conte Grand, ganar esa batalla, y si para eso tiene que dejar que el Procurador siga siendo de la oposición lo aceptaría sin problemas”, le había dicho a La Tecla una fuente al tanto de las conversaciones. Además, sostuvo: “Eso sí, que preferentemente no sea del Pro”.

En consecuencia, las expectativas estarán puestas en la búsqueda de una vía no legislativa para la remoción del titular del Ministerio Público Fiscal.