En Off | 2 dic 2022
Diciembre caliente
Ley Bapro y otra sesión caída en Diputados: cuenta regresiva para aprobar la iniciativa de Kicillof
Siguen sin encontrar consensos en torno a la reforma jubilatoria del Banco Provincia y volvió a suspenderse una sesión. Se espera un fin de año intenso en el ámbito legislativo.
Varios legisladores de Juntos ya lo habían anticipado, y en las últimas horas terminó de confirmarse. El oficialismo y la oposición no pueden acordar para tratar la reforma de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia y se prevé que diciembre sea un mes caliente en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
En la Cámara Baja aspiraban a dar tratamiento de la norma la semana próxima, pero hoy fue confirmado que no será así. Con ese panorama, los temas se acumulan y quedará apenas una semana para resolverlo. Además, quedan solo dos más para tratar un temario que incluye además la Ley de Presupuesto y la Ley Impositiva para 2023.
Desde el oficialismo interpretan que Mauricio Macri empezó a jugar, y el Frente de Todos tiene bronca porque creen que Juntos quiere aventajarse con el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que tiene como fecha límite el 14 de diciembre para dar dictamen sobre el punto de coparticipación en cuestión.
Desde las filas de Kicillof estiman que si no se votan las reformas, se abriría la puerta a juicios por 400 mil millones de pesos, una cifra astronómica que la Provincia de Buenos Aires afrontaría con enorme dificultad en un contexto sumamente delicado.
Hay que recordar que la (nueva) reforma de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia busca salvar las modificaciones que se le introdujeron durante la administración de Cambiemos. El nuevo proyecto introduce cuatro puntos claves, que rondan en torno a la defensa de derechos laborales previamente adquiridos.
Desde octubre, la Suprema Corte bonaerense convoca a legisladores, representantes gremiales y funcionarios provinciales para encauzar una discusión netamente política que permita zanjar el conflicto judicial.
El pedido se sustenta en que existen más de 3500 demandas judiciales contra la actual ley previsional 15.008 (sancionada en 2017 durante la gestión de María Eugenia Vidal), que quitó el 82% móvil a los trabajadores de la banca estatal.