El impacto de la política económica del gobierno de Javier Milei sobre el mercado laboral formal ha alcanzado cifras críticas. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y enero de 2026 la economía argentina destruyó en promedio 400 puestos de trabajo registrados por día.

El informe detalla que, en poco más de dos años de gestión, la cantidad de empleadores cayó un 4,7%, lo que significa que 24.180 empresas dejaron de operar. El ritmo de cierres es de 30 firmas diarias, afectando casi exclusivamente al segmento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan el 99,7% de las bajas.

El retroceso no es uniforme, sino que se ensaña con sectores clave para la actividad económica y la infraestructura. Cabe destacar que construcción es el rubro más castigado en términos relativos, perdiendo el 17,8% de su planta laboral (85.054 empleos menos), producto de la paralización de la obra pública. A su vez, la industria manufacturera registró la pérdida de 79.150 puestos y el cierre de casi 2.900 fábricas.

Transporte y Almacenamiento lideró la caída en cantidad de empleadores con una retracción del 14,9%, y casas particulares perdió 27.056 puestos, un dato que el CEPA define como el "termómetro" del ajuste en los hogares por la caída del poder adquisitivo.

El informe arroja que de los 317.179 empleos privados registrados que desaparecieron, la mayoría pertenecen a unidades productivas formales. Si a esto se le suma el recorte en la administración pública, donde se eliminaron 86.108 vacantes, el panorama del empleo formal muestra un deterioro estructural que no encuentra piso.

Para los analistas del CEPA, esta dinámica es la consecuencia directa de un combo que incluye la quita de subsidios, el freno al consumo interno y la apertura de importaciones, factores que han asfixiado especialmente a las PyMEs de hasta 500 trabajadores. Mientras el Gobierno nacional prioriza el equilibrio fiscal, el entramado productivo privado sigue achicándose a un ritmo que pone en jaque la paz social en los principales centros urbanos del país.