En un nuevo gesto de diferenciación hacia la administración de Axel Kicillof, el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, oficializó este viernes la habilitación para que un grupo de provincias intervenga en la concesión de rutas nacionales mediante el cobro de peajes.

La medida, plasmada en el Decreto 253/26, beneficia a distritos como Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, pero deja afuera a la provincia de Buenos Aires, a pesar de los reiterados pedidos de la Gobernación por trazas estratégicas.

La decisión de la Casa Rosada se interpreta como una estocada política en medio de la controversia por la exclusión de AUBASA de la Red Federal de Concesiones. Mientras otras jurisdicciones recibieron facultades para administrar corredores en sus territorios, la empresa estatal bonaerense continúa bloqueada en sus intentos de competir por las vías nacionales que atraviesan la provincia.

El decreto firmado por Milei delega de manera “temporal y revocable” la competencia para otorgar concesiones de obra pública a provincias como Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, entre otras. Esto les permite impulsar esquemas de privatización o administración concesionada.

El contraste es total con la situación de Buenos Aires, que viene solicitando sin éxito el traspaso de la Autopista Presidente Perón y cuya oferta para operar corredores nacionales fue desestimada recientemente por Nación bajo argumentos técnicos que en La Plata califican de "arbitrarios".

Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Transporte nacional detalló los motivos por los cuales dejó afuera a la firma bonaerense. Según el Gobierno nacional, AUBASA solo acreditó tareas de "operación" y mantenimiento, pero no la capacidad técnica ni el personal propio para ejecutar obras de infraestructura de gran escala sin depender de terceros.

A su vez, Nación señaló que el pliego exigía un ratio de endeudamiento máximo del 1,50%, mientras que AUBASA presentó un 3,75%. Por otro lado, para la gestión libertaria, el alto pasivo de la compañía estatal evidencia una situación incompatible con un esquema que busca inversión privada y autosustentabilidad.

Cabe destacar que desde el entorno de Kicillof denunciaron que el proceso licitatorio fue modificado sobre la marcha para beneficiar a otros actores y perjudicar a la provincia. La exclusión de la Provincia de Buenos Aires de la lista de distritos autorizados a cobrar peajes vuelve a poner en el centro de la escena el criterio discrecional de la administración nacional para distribuir competencias, reforzando la estrategia de asfixia financiera y administrativa sobre el principal distrito opositor del país.