El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, redobla la presión sobre la Casa Rosada en el terreno judicial. Este miércoles, el mandatario bonaerense se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para motorizar el reclamo por una deuda que la Provincia estima en 2,2 billones de pesos (millones de millones), correspondiente a los fondos que la ANSES dejó de transferir para cubrir el déficit de la caja jubilatoria provincial.

La puja se originó a principios de 2024, cuando el presidente Javier Milei suspendió por decreto los envíos de fondos destinados a las cajas previsionales no transferidas. Ante la Justicia, la ANSES ha intentado dilatar el proceso argumentando "falta de información suficiente" para determinar el monto exacto de la deuda, lo que motivó que el máximo tribunal le otorgara un plazo de 30 días, ya cumplido, para verificar los registros.

La estrategia de la Provincia en la audiencia de mañana es clara: obtener una medida cautelar que obligue a la Nación a reiniciar los pagos de inmediato. Kicillof sostiene que el DNU 280/2024 es inconstitucional y que el recorte vulnera lo establecido en la Ley de Presupuesto 27.701, que garantiza el flujo de recursos para sostener el sistema previsional de los trabajadores públicos bonaerenses.

La deuda previsional es solo la punta del iceberg en la relación Nación-Provincia. Desde La Plata estiman que, sumando otros fondos de ley y transferencias discrecionales cortadas, la deuda nacional asciende a los 20 billones de pesos.

A su vez, el conflicto por la ANSES coincide con el veto nacional a la empresa estatal bonaerense para competir en la concesión de rutas nacionales (como el tramo CABA-Ezeiza) y el traspaso de la Autopista Presidente Perón.

Para Kicillof, esta audiencia no es solo un reclamo contable, sino una defensa política del federalismo frente a lo que califica como una "asfixia financiera deliberada". De obtener una respuesta favorable de la Corte, el Gobierno provincial lograría un alivio financiero fundamental para sostener los haberes jubilatorios sin comprometer otras partidas del presupuesto provincial.