El diputado provincial del bloque Hechos, Manuel Passaglia, quedó en el ojo de la tormenta tras la presentación de un pedido de juicio político y jury de enjuiciamiento en la Legislatura bonaerense. La denuncia, impulsada por el vecino nicoleño Hugo Damián Caballero, describe un presunto esquema de tráfico de influencias y persecución política que involucra a funcionarios municipales y magistrados del Departamento Judicial de San Nicolás.

Los hechos se remontarían al 15 de marzo de 2021, cuando Caballero fue detenido mientras fotografiaba cómo la gestión de Passaglia intervenía la Reserva Natural Rafael de Aguiar, violando una clausura judicial vigente. Según el denunciante, su aprehensión fue una orden directa del poder político local ejecutada por el comisario Gabriel Cabral.

Pero el calvario no terminó con su liberación. Aparentemente, la Secretaría de Orden y Convivencia, a cargo de Natalia Donadío, secuestró el vehículo personal de Caballero (un VW Bora 2013) y, a pesar de que la Justicia finalmente declaró la inocencia del vecino, el municipio compactó el auto antes de que terminara el proceso judicial. "Destruyeron el patrimonio de un sobreseído y me entregaron chatarra", denunció Caballero en el escrito.

La denuncia de Caballero apunta a una red de protección judicial que habría permitido estos atropellos. El pedido de juicio político se extiende a varios magistrados: Rubén Giagnorio, acusado de avalar la compactación del vehículo; Verónica Marcantonio, señalada por mantener la causa paralizada durante cinco años y por su supuesta "amistad íntima" con Giagnorio; y Laura Fernández, por negarle el acceso a un abogado gratuito al denunciante.

Incluso se menciona un episodio reciente, ocurrido en marzo de 2026, donde un secretario judicial le habría impedido el acceso al juzgado para frenar un pedido de embargo por $150 millones contra el patrimonio municipal.

Cabde destcar que este pedido de jury se da en medio de un revés judicial para los Passaglia. El pasado 8 de abril, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el pedido de la Municipalidad para levantar las restricciones sobre el "Ecoparque".

Desde 2019, la gestión de San Nicolás ha sido denunciada por arrasar con 170 hectáreas de bosque nativo para instalar estructuras metálicas y cemento, desafiando sistemáticamente las cautelares judiciales. La causa de Caballero se convierte ahora en el testimonio de la presunta metodología del "clan gobernante": avanzar sobre los recursos naturales y castigar judicialmente a cualquier vecino que intente interponerse.