La gestión del intendente Pablo Garate sufrió un duro traspié institucional luego de que el Juzgado Correccional local resolviera que la Municipalidad incumplió su obligación legal de informar sobre el estado del agua y la red de cañerías en el distrito. La sentencia, firmada por el juez Gabriel Giuliani, deja al descubierto la resistencia oficial a brindar datos de interés público ambiental.

Acorde a lo publicado por el medio Cronos Noticias, el fallo es contundente: el municipio no solo ignoró el plazo legal de 30 días para responder, sino que, una vez iniciado el proceso judicial, intentó cumplir con la demanda de forma "extemporánea" y utilizando un informe desactualizado correspondiente a la gestión anterior.

La acción judicial, impulsada por una vecina con patrocinio letrado, puso el foco en la responsabilidad del Estado como prestador del servicio de agua y cloacas. El magistrado remarcó que la entrega de esta documentación no es una concesión política ni un favor del funcionario, sino un deber legal ineludible, especialmente cuando se trata de información que afecta la salud de la población.

Este pronunciamiento no es un caso fortuito, ya que la Justicia ya había fallado contra el municipio en otros dos expedientes de alto perfil. En primer lugar, cuando el municipio fue obligado a transparentar el uso de los recursos escolares del Fondo Educativo; y luego, cuando la Justicia rechazó las excusas oficiales por la falta de datos en la Dirección de Mujeres y Género.

A diferencia de los casos anteriores, donde la Cámara ordenó la entrega inmediata de la documentación bajo apercibimiento, este nuevo fallo sobre el agua se limita a asentar la infracción legal. No obstante, el valor político es demoledor: confirma que existe una conducta sistemática de retaceo de información en temas críticos.

Mientras la Justicia acumula sentencias contra la Municipalidad por su falta de transparencia, en Tres Arroyos crece la preocupación de los vecinos. El uso de informes de hace cuatro años para responder a una demanda actual no hace más que alimentar las sospechas sobre el verdadero estado de la red de agua y la calidad del recurso que llega a los hogares. Con este panorama, la gestión de Garate queda en una posición defensiva, enfrentando una crisis de confianza que ya saltó de las redes sociales a los estrados judiciales.