El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió pasar a la ofensiva judicial frente a la ola de amenazas de violencia extrema que mantiene en vilo a las comunidades educativas. En este sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y su par de Seguridad, Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense solicitando una investigación que identifique a los responsables de organizar, promover e instigar estos episodios en más de 600 escuelas.

La presentación, que contó con el impulso técnico del subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, busca ir más allá de las causas individuales que ya tramitan en cada Departamento Judicial.

Para los funcionarios de Kicillof, la simultaneidad y el volumen de las amenazas sugieren que no se trata de simples bromas de mal gusto o hechos espontáneos. El objetivo de la denuncia es “encaminarse a la dilucidación de una estructura delictiva que, ya sea mediante un esquema organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos”.

“Buscamos una pesquisa que trascienda la expresión individual y llegue a quienes están detrás de la instigación de estos delitos que vulneran la convivencia institucional”, explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.

La denuncia, formulada desde una perspectiva de niñez y cuidado, establece un marco temporal claro: el fenómeno escaló exponencialmente a partir del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, el pasado 30 de marzo.

Según el Ejecutivo bonaerense, a partir de ese “hito trágico” se registró un incremento atípico de mensajes intimidatorios en escuelas de todo el país, pero con especial énfasis en el territorio bonaerense. De esta manera, la Provincia sostiene que existe un aprovechamiento de este contexto para generar pánico social.

Esta movida judicial funciona también como una respuesta política a los sectores del PRO y de Hechos que, días atrás, habían presentado pedidos de informe en la Legislatura acusando a la Provincia de “reaccionar tarde”. Con la firma de Mena y Alonso, el kicillofismo intenta demostrar que existe una estrategia coordinada entre Seguridad y Justicia para proteger a los docentes y frenar la psicosis colectiva que afecta el normal dictado de clases.