Los intendentes del peronismo bonaerense no quieren dejar su futuro librado al azar de cara a 2027 y, ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos en la Legislatura para modificar las reelecciones, los jefes comunales del Conurbano y el interior comenzaron a tejer una estrategia en los pasillos de los tribunales platenses para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Provincia la que declare inconstitucional la restricción.

La iniciativa, que circula desde hace semanas en reuniones reservadas del oficialismo, plantea que la vía judicial es hoy la alternativa más viable para sortear el candado impuesto por la Ley 15.315 en 2016.

Sin embargo, hay que destacar que el plan de los alcaldes se basa en una premisa institucional compleja, ya que el máximo tribunal bonaerense funciona actualmente con apenas tres de sus siete miembros. En ese marco, su presidente, Sergio Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, reclamó públicamente completar las vacantes advirtiendo sobre el impacto de la parálisis.

Aun así, a pesar del reclamo, Kicillof todavía mantiene los pliegos en suspenso, mientras negocia con los distintos sectores del peronismo el reparto de los cargos. En este marco, los intendentes ven en esta negociación la oportunidad de que los nuevos magistrados lleguen con el aval para revisar la norma.

De todas maneras, hay que resaltar que, a pesar del entusiasmo de los jefes comunales, diversos especialistas en derecho constitucional advierten que el camino está lejos de ser sencillo. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha fijado jurisprudencia en contra de las reelecciones indefinidas en otras provincias, considerando que atentan contra el principio de alternancia y la forma republicana de gobierno. Así, se corre el riesgo de que esta doctrina nacional pueda influir sobre cualquier fallo en la provincia de Buenos Aires.

Como era de esperarse, esta jugada divide las aguas dentro del peronismo. Mientras los alcaldes presionan para tener la posibilidad de competir en 2027, otros sectores de la coalición advierten sobre el enorme costo político y el desgaste institucional que implicaría eludir las reglas electorales mediante un fallo judicial.