El conflicto gremial en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha pasado de ser una disputa salarial interna a un problema de gravedad institucional y económica. La Dirección Provincial de Catastro Territorial permanece virtualmente paralizada desde fines de febrero de 2026, y todas las miradas apuntan ahora a la ausencia de respuestas por parte de su titular, Cristian Girard.

La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bajo la modalidad de asambleas y retención de tareas, ha reducido la validación de planos y el registro de estados parcelarios a su mínima expresión, generando un impacto sistémico en el territorio bonaerense.

Para los ingenieros matriculados en el CIPBA, la situación ha superado el umbral de lo tolerable. Denuncian que la falta de funcionamiento del organismo representa un límite concreto a su derecho constitucional de trabajar. Al no poder validar los planos de mensura, los profesionales no pueden concluir sus trabajos ni cobrar por sus servicios. A su vez, la imposibilidad de registrar estados parcelarios impide que miles de contribuyentes regularicen sus propiedades, frenando subdivisiones y desarrollos urbanos esenciales.

La paralización de Catastro actúa como un ancla para la circulación de capitales en la Provincia. Sin los certificados catastrales actualizados, los escribanos no pueden avanzar con las escrituraciones, lo que mantiene congeladas miles de operaciones de compraventa.

“Resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia. La legitimidad de los reclamos gremiales no puede ser moneda de cambio para el cese total de un servicio público esencial”, sentenciaron desde el Colegio de Ingenieros.

Ante lo que consideran una "inacción" por parte de Girard, los sectores afectados han comenzado a reclamar de manera urgente la intervención del gobernador Axel Kicillof. Sostienen que la degradación de la actividad profesional y comercial no puede seguir supeditada a una "agenda electoral" o gremial que desatiende el interés general.

Con un mercado inmobiliario ya golpeado por la coyuntura nacional, la falta de una solución en ARBA profundiza la incertidumbre jurídica y económica en los 135 municipios de la provincia.