Mientras la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) intenta proyectar una imagen de unidad y crecimiento territorial de cara a 2027, en las bases del partido en la provincia de Buenos Aires ha estallado una crisis institucional de proporciones inciertas. Según lo trascendido en portales bonaerenses, un nutrido grupo de militantes, abogados y concejales del espacio ha iniciado una ofensiva legal para intervenir el partido ante lo que consideran una “estafa democrática” interna.

La presentación, que ya aterrizó en el juzgado con competencia electoral de Alejo Ramos Padilla y ante el Observatorio de la Democracia del Parlasur, solicita la designación urgente de veedores y un informe detallado sobre el estado real de la fuerza en el distrito más grande del país.

Los denunciantes, que se identifican como “leales a las ideas de Javier Milei” pero enfrentados a la conducción de la armaduría provincial, describieron un panorama de extrema precariedad institucional.

Entre los puntos más calientes de la denuncia se destacan la inexistencia de institucionalidad, ya que aseguran que no se han constituido las mesas distritales ni la junta promotora que exige la ley; denuncian el rechazo masivo y arbitrario de fichas de ciudadanos que buscaban sumarse al espacio, con el fin de mantener un "padrón cerrado" controlado por pocos; y resaltan acusaciones sobre la presunta "venta de candidaturas" y la falta de mecanismos transparentes de selección.

En este sentido, fuentes cercanas a la presentación calificaron el acta y la carta orgánica del partido como un “papel fiambrero” sin validez legal ni cumplimiento de los principios democráticos básicos.

El pedido de amparo busca que la Justicia Federal Electoral regularice la situación de LLA en territorio bonaerense. En los pasillos de los tribunales de La Plata, la posibilidad de una intervención judicial con el consecuente llamado a elecciones internas empieza a sonar con fuerza, lo que dinamitaría el plan de control vertical que hoy ostenta el sector de Sebastián Pareja y Karina Milei.

Sin embargo, desde el oficialismo partidario intentan minimizar el impacto y preparan una contraofensiva: una campaña masiva de afiliación en plazas de toda la provincia para inflar el músculo político y diluir los cuestionamientos legales con "volumen de gente".

Esta movida judicial no es solo técnica, sino que es la punta del iceberg de una interna feroz donde militantes de la primera hora se sienten desplazados por "arribistas" y por una estructura que, según denuncian, funciona más como un club privado que como un partido de gobierno. Si la Justicia avanza, el esquema bonaerense de LLA podría entrar en un limbo legal justo cuando más necesita mostrar orden para seducir al electorado y a sus socios del PRO.