La gestión del intendente de Dolores, Juan Pablo García, atraviesa su momento más crítico tras la apertura de los datos de la Rendición de Cuentas 2025. Según una investigación difundida por sectores de la oposición y que difundió el portal Cronos Noticias, el gobierno local ha sido tildado como el "más caro" de la historia de Dolores, no solo por el volumen de su deuda, sino por gastos operativos que resultan difíciles de justificar técnicamente. 

La denuncia más impactante, impulsada por referentes de La Libertad Avanza (LLA), pone el foco en la partida de combustibles: el municipio declaró un gasto superior a los $1.300 millones en 2025. Para graficar la magnitud, los denunciantes realizaron una comparación aérea: el gasto equivale a realizar un viaje de ida y vuelta a Nueva York cada 24 horas. 

En ese marco, el desglose de los datos arroja cifras que la oposición califica de "inverosímiles" es preocupante: 931.000 litros de combustible anuales, 77.000 litros por mes, 2.500 litros diarios, y más de 100 litros por hora, de forma ininterrumpida, durante los 365 días del año. 

Más allá del combustible, la gestión de García enfrenta serios cuestionamientos por su modelo de contrataciones. Sectores de la oposición advierten sobre un esquema de contrataciones directas que ya habría sido observado por el Tribunal de Cuentas, donde las licitaciones terminarían sistemáticamente en manos de los mismos proveedores. 

Uno de los puntos más sensibles toca al Servicio Alimentario Escolar (SAE). Según la denuncia, existiría una "incompatibilidad muy sugestiva" que involucra a una funcionaria municipal encargada de definir los menús de los comedores escolares, mientras que su marido sería el beneficiario habitual de las licitaciones de suministros, manejando contratos de cifras elevadas. 

A este panorama se suma una polémica judicial que ya forzó una renuncia. Se trata del nombramiento de la Jueza de Faltas del distrito, quien, según las denuncias presentadas ante la Justicia y el Tribunal de Cuentas, no estaba matriculada al momento de asumir el cargo. 

La oposición remarcó que la funcionaria no podía ejercer siquiera como abogada cuando fue designada como magistrada municipal. Tras dos años en funciones y ante el avance de las denuncias por irregularidades en su nombramiento, la jueza debió abandonar su puesto. 

Mientras las denuncias por gastos excesivos y falta de transparencia escalan, los libertarios locales alertan sobre una deuda millonaria que la gestión de García arrastra para el presente ejercicio, en un contexto donde los vecinos reclaman por la falta de obras públicas y el incremento de la inseguridad en el distrito.