La aprobación de la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante de Vicente López no trajo paz a la gestión de Soledad Martínez. Sino que, por el contrario, encendió las alarmas de la oposición tras conocerse una dura observación del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que detectó graves irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada.

El foco del conflicto es la empresa Jorge Newbery SRL, beneficiaria de un contrato por $69,6 millones. Según el organismo auditor, el expediente municipal presenta "inconsistencias en la documentación respaldatoria", omitiendo datos básicos como la identificación del personal asignado, los períodos de prestación y los lugares específicos donde se brindó el servicio.

La denuncia impulsada por el bloque de Fuerza Patria suma elementos que complican la defensa del Ejecutivo municipal. Según registros oficiales, la empresa perdió su habilitación en 2016 por no cumplir con los requisitos legales para funcionar en territorio bonaerense. Previamente, en 2011, ya había sido sancionada por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. Pese a estos antecedentes y la falta de documentación, la gestión de Martínez renovó la contratación tanto en 2024 como para el ejercicio 2025.

Lo que transforma una irregularidad administrativa en un escándalo político es el vínculo financiero entre la empresa y el partido de la intendenta. Según los estados contables del PRO bonaerense, Jorge Newbery SRL figura como aportante de fondos para la agrupación política (registrando, por ejemplo, transferencias en los balances de 2018).

"Estamos ante un caso que amerita una revisión integral de los procedimientos de contratación. El Ejecutivo debe explicar por qué se elige a una empresa cuestionada y vinculada directamente a su estructura partidaria", señaló la concejal Laura Braiza.

La polémica también alcanzó a los ediles de La Libertad Avanza, quienes acompañaron con su voto la aprobación del expediente de Rendición de Cuentas junto al oficialismo, a pesar de las advertencias del Tribunal de Cuentas. Desde Fuerza Patria cuestionaron este "aval" a un contrato que califican de falto de transparencia y con claros tintes de favoritismo político.

Mientras la justicia administrativa bonaerense sigue de cerca el expediente, el pedido de informes ya fue radicado en el Concejo, buscando determinar si la firma inhabilitada sigue custodiando edificios o espacios públicos del distrito bajo el amparo de la gestión de Martínez.