El escenario financiero para las administraciones locales de la provincia de Buenos Aires ha alcanzado el punto más crítico de los últimos seis años. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora PPA, las transferencias automáticas que el Gobierno provincial envió a los 135 municipios durante el primer trimestre de 2026 registraron su nivel más bajo en términos reales desde el tercer trimestre de 2020, cuando la actividad económica global estaba semiparalizada por la pandemia de COVID-19.

El estudio revela que, tan solo durante marzo, los envíos del gobierno de Axel Kicillof a las comunas retrocedieron un 8,2% interanual en términos reales, lo que significó una pérdida de $36.849 millones a valores constantes. La principal causa de este retroceso fue el desplome de la coparticipación bruta, que sufrió un violento derrumbe real del 18,6% ($69.389 millones menos para las cajas municipales).

Durante marzo, las comunas percibieron un total de $410.302 millones. Si bien nominalmente los giros aumentaron un 21,7%, la inflación acumulada del 32,6% licuó por completo el poder de compra del dinero. El esquema de los fondos quedó distribuido de la siguiente manera: la coparticipación de Impuestos explicó el 74% del total de los recursos, el Fondo de Financiamiento Educativo representó el 13,9%, y el Fondo de Fortalecimiento Municipal significó el 4,7%.

El reporte de PPA advierte sobre un fenómeno que complica la gestión diaria de los jefes comunales: el crecimiento del Fondo Educativo por sobre la coparticipación tradicional. Al tratarse de un recurso afectado por ley, no puede utilizarse libremente para el pago de salarios municipales, recolección de residuos o combustibles de los patrulleros, debiendo volcarse exclusivamente a infraestructura escolar. Esto genera una fuerte rigidez presupuestaria, dejando a los intendentes con escaso margen de maniobra para afrontar los gastos corrientes.

El impacto del nuevo Coeficiente de Distribución Municipal (CUD) y la caída general de la recaudación provincial trazaron un mapa marcadamente dispar, donde la gran mayoría de los distritos terminaron con números en rojo. Solo 26 distritos lograron ganarle a la inflación, en casos aislados como Carmen de Areco (+10,2%), General Rodríguez (+7,2%), Lobos (+7%), Chacabuco (+6%), Campana (+5,4%), Capitán Sarmiento (+5,3%), Monte (+5%) y Pergamino (+4,6%).

Por otro lado, más de 75 municipios perdieron más del 3%, y las caídas más drásticas las encabezaron San Isidro (-13,5%), Pinamar (-12,9%), Vicente López (-12%), Villa Gesell (-11,3%), Monte Hermoso (-10,9%) y Malvinas Argentinas (-10,8%).

La motosierra en los recursos automáticos no distinguió color político ni densidad poblacional. En el interior agropecuario y turístico se registraron fuertes retrocesos en Maipú (-9,9%), La Costa (-9,8%), Pehuajó (-8,4%), Tandil (-8,2%) y Chascomús (-7,7%).

Por su parte, el cordón del Gran Buenos Aires sintió el impacto de lleno con mermas en Pilar (-5,4%), Hurlingham (-5,1%), San Fernando (-5%), Merlo (-4,3%), Morón (-4,3%), Tigre (-4,2%) y el distrito más poblado del país, La Matanza, que anotó un retroceso real del (-3,1%).

Este informe consolida la preocupación que los intendentes de todo el arco político, desde el PRO y la UCR hasta el peronismo dialoguista, vienen transmitiendo al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, alertando que la combinación de recaudación propia en baja por la recesión y el derrumbe del goteo provincial amenaza la normal prestación de los servicios públicos esenciales en los barrios.