La tensión entre la Casa Rosada y la gobernación de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de máxima fricción institucional. El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, formalizó este lunes el rechazo definitivo a la impugnación presentada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) contra el proceso de licitación de las rutas nacionales concesionadas. La medida quedó firme mediante el Decreto 411/26, el cual lleva la firma del Presidente de la Nación y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Con esta resolución, el Ejecutivo libertario convalidó la exclusión de la operadora estatal bonaerense de la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II. Al quedar totalmente agotada la vía administrativa en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, la firma controlada por la administración de Axel Kicillof quedó contra las cuerdas y analiza recurrir a los tribunales federales como única alternativa para intentar revertir el dictamen.

La batalla administrativa y legal se remonta al mes de abril, momento en el cual las autoridades de AUBASA denunciaron la existencia de severas irregularidades en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25. Dicho concurso público tiene como finalidad transferir al sector privado la concesión, operación y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de corredores viales estratégicos que cruzan de punta a punta el territorio bonaerense.

Desde las oficinas de la empresa estatal provincial alegaron que fueron marginados de la contienda de manera totalmente arbitraria, denunciando que las condiciones del pliego técnico sufrieron modificaciones de fondo una vez que el proceso licitatorio ya se encontraba formalmente iniciado.

La propuesta de expansión de AUBASA buscaba adjudicarse la operación de dos bloques neurálgicos para la conectividad y el transporte de cargas bonaerense. En primer lugar, el Tramo Sur Atlántico y Acceso Sur, sectores clave que involucran trazas de las rutas nacionales 3, 205 y 226. En segundo lugar, la administración y cobro de peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

Sin embargo, los equipos técnicos de la Secretaría de Transporte de la Nación declararon como "inadmisible" el sobre con la oferta bonaerense, argumentando de forma estricta que la compañía estatal de Calle 6 no lograba cumplimentar los requisitos técnicos mínimos ni los avales financieros exigidos en los pliegos de la convocatoria. En los despachos de la gobernación de La Plata rechazaron de plano las justificaciones técnicas de la Nación y aseguraron sin tapujos que la exclusión obedece de forma exclusiva a una intencionalidad política del oficialismo nacional para asfixiar a las empresas públicas.

Tanto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, como el directorio de la firma provincial cuestionaron que la Casa Rosada introdujera enmiendas y cambios de última hora en diversos artículos del pliego general a escasos días del cierre de la ventana de presentación de las ofertas, una maniobra que, según su lectura, alteró de forma directa las reglas de la libre competencia comercial.

Con el rechazo por decreto ya oficializado en el Boletín Oficial, el Palacio de Hacienda nacional se garantizó el marco legal para avanzar con su plan de privatizaciones viales, el cual persigue como meta de máxima transferir la operación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales al esquema de inversión privada. En paralelo, los asesores de Kicillof en La Plata iniciaron el diseño de una medida cautelar de no innovar para radicar en los tribunales, sosteniendo que el proceso licitatorio arrastra inconsistencias y vicios de forma que deben ser revisados con urgencia por los jueces federales.