La tensión salarial y el malestar por las condiciones de trabajo en las fuerzas de seguridad provinciales sumaron un nuevo y complejo capítulo para la gestión de Axel Kicillof. Trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) enviaron un detallado petitorio al Gobierno provincial en el que exponen una amplia batería de reclamos estructurales vinculados al desfasaje de sus ingresos, el régimen de horas extras y el severo desgaste físico, psíquico y emocional que conlleva la función dentro de las cárceles de la provincia.

El documento saca a la luz las severas dificultades operativas del personal y exige una revisión integral del régimen de recargos y servicios extraordinarios. Según los impulsores de la medida, la naturaleza de la actividad penitenciaria requiere de forma urgente el establecimiento de horarios laborales que resulten acordes al impacto psicológico que padecen los agentes diariamente.

El factor económico se erige como el principal vector de la protesta. A pesar de que la administración bonaerense otorgó el último incremento salarial en el mes de abril, los trabajadores penitenciarios advirtieron que los conceptos de horas extras y adicionales quedaron completamente rezagados frente a la escalada inflacionaria y el aumento sostenido del costo de vida, por lo que demandan una actualización de emergencia.

La crisis presupuestaria también golpea el equipamiento básico de los uniformados. El petitorio denuncia que las partidas presupuestarias destinadas a indumentaria y equipo de protección quedaron obsoletas. Cabe destacar que, ante la insuficiencia de los recursos estatales asignados, muchos agentes se ven obligados a cubrir los gastos del uniforme con dinero de sus propios bolsillos para poder prestar el servicio.

En este sentido, solicitaron mejoras urgentes en las áreas de descanso destinadas al personal que cumple extenuantes guardias de 24 horas, catalogando las condiciones edilicias actuales como totalmente insuficientes para una adecuada recuperación física. Por otro lado, otra de las banderas centrales del reclamo es la exigencia para que la Provincia implemente un sistema de asistencia psicológica y psico-laboral de carácter permanente para todo el personal.

El documento elevado a las autoridades de La Plata también hace foco en la burocracia interna del SPB y en los descuentos indebidos. Los agentes reclamaron un estricto respeto al límite legal de afectación sobre el salario neto, al tiempo que exigieron una mayor transparencia en el manejo de expedientes sensibles, tales como la tramitación de carpetas médicas, la aplicación de sanciones disciplinarias y la resolución de reclamos laborales históricos.

Este frente de conflicto penitenciario emerge en un escenario financiero sumamente delicado para el Ministerio de Economía provincial. Con las paritarias de los diferentes sectores estatales todavía abiertas y sin un acuerdo general que logre descomprimir la puja distributiva en el Estado bonaerense, la presión sobre las arcas públicas aumenta ante la inminencia del pago del medio aguinaldo de junio.

Para colmo de males, el malestar en el SPB no es un hecho aislado, sino que se acopla a los reclamos que viene demostrando la Policía Bonaerense, fuerza que desde principios de 2026 viene exponiendo idénticas quejas por el retraso de sus salarios y el deterioro de sus condiciones de trabajo.