La tranquilidad que caracteriza al partido de Pinamar fuera de la temporada alta se vio severamente fracturada en los últimos meses producto de una preocupante escalada delictiva que colmó la paciencia de los residentes y de los sectores productivos. En ese marco, la falta de respuestas institucionales por parte del Ejecutivo local provocó la parálisis de los canales de diálogo tradicionales y empujó a la totalidad de los bloques opositores a unificar posiciones para avanzar con un pedido de informes urgente y una interpelación directa en el plano legislativo.

En este sentido, el descontento social en el distrito detonó tras una sucesión de saqueos de viviendas y asaltos violentos a mano armada. Estos episodios, según denuncian los damnificados, se registran con regularidad tanto en el centro de la ciudad de Pinamar como en las localidades vecinas de Cariló y Valeria del Mar. De esta manera, los foros de seguridad vecinales y las organizaciones comunitarias apuntan a una reducción de los patrullajes preventivos, un fenómeno que se profundiza drásticamente durante el Operativo De Sol a Sol.

Sin embargo, además de la inseguridad, el mapa de reclamos vecinales muestra una lista de fallas de la comuna como las graves fallas estructurales en el sistema de cámaras de seguridad urbana, zonas liberadas favorecidas por el apagón de luminarias públicas, y la falta de mantenimiento en la flota de camionetas de la Guardia Urbana Municipal.

Cabe destacar que desde el municipio le reclaman, como cada año, al Ministerio de Seguridad bonaerense por el desvío de agentes hacia el Conurbano al terminar el verano, dejando al distrito con una dotación insuficiente para cubrir los nuevos barrios residenciales que crecieron demográficamente tras la pandemia.

Así, frente a este escenario de vulnerabilidad que aprovechan las bandas delictivas, la oposición en el Concejo Deliberante unificó un documento para exigir la comparecencia obligatoria del Secretario de Seguridad del municipio en el recinto para que rinda cuentas detalladas sobre el destino y la ejecución de la tasa de seguridad que los contribuyentes abonan mensualmente junto con sus tasas municipales. Según la denuncia legislativa, dicha recaudación específica no se ve reflejada en mayor tecnología de prevención ni en la incorporación de nuevos móviles patrulleros.

Por su parte, la administración del intendente Juan Ibarguren adoptó una estrategia de repliegue discursivo, intentando relativizar los índices delictivos bajo el argumento de que se trata de hechos aislados amplificados de manera desmedida a través de las redes sociales. En ese sentido, el Ejecutivo local se respalda en las acciones de coordinación operativa que mantiene con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la comunidad le reprocha a Ibarguren una marcada pasividad y una preocupante falta de comunicación oficial ante hechos que alteran la paz comunitaria. Cabe destacar que el actual jefe comunal asumió la intendencia con la promesa explícita de profundizar el modelo de control territorial y modernización tecnológica implementado por su antecesor, Martín Yeza, pero la imposibilidad de contener el delito complica su capital político.

Asimismo, el conflicto amenaza con trasladarse de forma directa al motor económico regional, ya que las cámaras turísticas manifestaron su profunda preocupación al advertir que, de sostenerse esta tendencia delictiva durante los meses de invierno y primavera, Pinamar sufrirá un deterioro considerable que podría ahuyentar las inversiones inmobiliarias de fin de semana y los flujos turísticos que sostienen el empleo local fuera de la temporada.