El profundo proceso de desregulación económica que implementa la Casa Rosada abrió un nuevo e intenso frente de tormenta política en el territorio bonaerense. Luego de que la administración de Javier Milei pusiera en funciones un renovado esquema para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a nivel federal, el cual habilita a talleres mecánicos privados, agencias concesionarias e importadores a emitir las certificaciones vehiculares, el PRO activó los mecanismos parlamentarios para forzar su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

La ofensiva legislativa fue encabezada por el senador provincial del PRO, Guillermo Montenegro, quien ingresó formalmente en la Cámara Alta un proyecto de ley que exige la adhesión lisa y llana de la Provincia al Régimen del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, un andamiaje administrativo que quedó estructurado a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

La normativa promovida por el legislador del PRO persigue que el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por el massista Jorge D'Onofrio, propicie la inmediata adecuación de todo el marco regulatorio provincial para convalidar la apertura del juego al sector privado. En sus fundamentos técnicos, Montenegro precisó que la norma nacional permite que cualquier taller inscripto o que se sume a futuro realice la verificación de todo tipo de rodados, bajo las directrices del artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Entre los principales argumentos en favor de la desregulación, el Senador enumeró que el trámite en el registro federal se formalizará bajo el sistema de declaración jurada, agilizando la incorporación de prestadores privados, y la proliferación de nuevos talleres y concesionarias autorizadas otorgará a los usuarios una mayor diversidad de opciones y competitividad de costos.

En ese marco, Montenegro sentenció que el modelo actual "se mantiene casi sin cambios desde los años 90, sustentado en un puñado de plantas concesionadas por largos periodos" ante un parque automotor que creció de forma exponencial.

La reacción del gobierno de Axel Kicillof frente al avance del proyecto de ley del PRO no se hizo esperar y adoptó un tono de extrema preocupación. El encargado de salir a blindar el actual sistema monopólico fue el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien catalogó de forma tajante a la desregulación libertaria como una auténtica "irresponsabilidad".

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, alertó el integrante del gabinete provincial.

Asimismo, Marinucci aprovechó el debate para facturarle a las terminales de la Casa Rosada el abandono y el severo deterioro que experimenta la infraestructura de los corredores federales. El ministro denunció la contradicción oficial al señalar que "quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos". Para la administración kicillofista, la combinación de menos inversión en asfalto y nula rigurosidad en las inspecciones mecánicas representa una ecuación sumamente peligrosa para la seguridad vial de los bonaerenses.