El debate en torno a las políticas de prevención y control del delito en la provincia de Buenos Aires sumó un hito institucional de fuerte peso territorial. La localidad de Bolívar, perteneciente a la Séptima Sección electoral, se convirtió en el epicentro de un encuentro clave que congregó a intendentes de la región, legisladores y funcionarios de la administración de Axel Kicillof para comenzar a desmenuzar y proyectar modificaciones de fondo a la Ley 12.154 de Seguridad Pública. La norma, que lleva más de dos décadas en vigencia, es catalogada por los diversos actores como un andamiaje legal desactualizado que requiere una urgente adaptación a la compleja realidad delictiva.

La convocatoria impulsada por el Ministerio de Seguridad bonaerense excedió el carácter de una reunión de rutina y logró escenificar una amplia foto de unidad institucional. En tiempos donde la inseguridad se consolida como una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía, la apertura de estos foros regionales refleja la intención de la Gobernación de edificar una reforma con el consenso y la participación activa de los municipios.

Cabe destacar que la fisonomía del encuentro en Bolívar resultó significativa por su pluralidad política, sentando en una misma mesa de debate a alcaldes de diferentes signos partidarios, responsables de las áreas de seguridad municipales, legisladores y funcionarios de las carteras provinciales. En ese marco, participó el jefe comunal anfitrión, Eduardo Bucca (Bolívar), junto a sus pares Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Ramón Capra (General Alvear), José Luis Salomón (Saladillo) y Gustavo Cocconi (Tapalqué). También formó parte el presidente del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, Javier de Marcos.

Por parte del Ejecutivo bonaerense asistieron el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, y el titular de la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio. A su vez, la representación legislativa de la sección estuvo cubierta por los senadores provinciales Marcos Pisano y Evelyn Díaz.

La concurrencia regional dejó en claro que, por encima de las lógicas diferencias partidarias y de pertenencia política, existe un diagnóstico compartido respecto a la necesidad de dotar al Estado de nuevas herramientas jurídicas y operativas para el abordaje del delito.

A diferencia del escenario de décadas atrás, cuando se sancionó la Ley 12.154, la agenda de seguridad actual ya no puede constreñirse exclusivamente al despliegue y la actuación de los efectivos policiales en el territorio. En ese marco, los municipios coincidieron en que componentes modernos como los sistemas de monitoreo urbano, las redes de videovigilancia, los centros de prevención local, la coordinación fina con los agentes de la Justicia y la propia participación de las comunas son dimensiones centrales que ganaron una relevancia sustancial y que deben ser integradas de manera orgánica en el nuevo texto legal.

Detrás de este despliegue de foros regionales también se puede leer una clara estrategia política por parte de La Plata. El gobierno de Axel Kicillof viene ubicando a la seguridad en el podio de sus prioridades de gestión, apuntalando la entrega de programas de financiamiento y fortalecimiento logístico para las comunas. En ese esquema de poder, la discusión de una reforma legal aparece como el paso natural para actualizar el marco normativo y reforzar la articulación entre la Provincia y los municipios.

Sin embargo, a pesar de la buena sintonía que arrojó la jornada de debate, los organizadores reconocen  que el verdadero desafío comenzará una vez que las conclusiones abstractas extraídas de los foros deban ser volcadas en un proyecto de ley concreto para ingresar a la Legislatura ya que discutir un nuevo modelo de seguridad implicará debatir sobre financiamiento estatal, incorporación de tecnologías de punta, capacitación de recursos humanos y optimización de la capacidad operativa.