La pulseada por la continuidad del régimen de Zona Fría ingresó en una fase de confrontación institucional y jurídica en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dio un paso al frente este viernes al remitir de forma oficial un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) local que  busca dotar al Departamento Ejecutivo del respaldo político e institucional necesario para accionar por la vía judicial en caso de que el Senado de la Nación convierta en ley la eliminación o reducción del beneficio tarifario.

El movimiento de Susbielles se produce en un escenario de creciente alarma y articulación entre las intendencias bonaerenses frente al proyecto de reforma energética promovido por la administración del presidente Javier Milei. Dicha reforma ya superó con éxito la instancia de media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente aguarda su tratamiento definitivo en la Cámara Alta. Según las estimaciones de intendentes y legisladores del arco opositor, la supresión del esquema impactaría de manera directa sobre más de 1,2 millones de ciudadanos bonaerenses que perciben descuentos en sus boletas de gas por habitar en distritos con bajas temperaturas.

El andamiaje argumental del proyecto enviado al Concejo deliberante bahiense no solo persigue expresar un enérgico rechazo corporativo a la quita de los subsidios, sino también fundamentar la legitimidad de una futura demanda en los tribunales. El intendente plantea que el régimen de Zona Fría no constituye una dádiva o una decisión discrecional y arbitraria del Estado, sino un mecanismo de compensación territorial a una realidad climática ineludible.

En ese marco, las repercusiones de una eventual derogación de la ley alarman a las fuerzas productivas y sociales locales, ya que se prevé un encarecimiento severo que erosionará los ingresos familiares y la rentabilidad de las pymes locales. A su vez, los clubes de barrio, centros de salud e instituciones comunitarias enfrentarán facturas difíciles de absorber en sus presupuestos operativos; y las industrias de la región verán incrementados sus costos fijos en las etapas de mayor demanda invernal.

Cabe destacar que la estrategia adoptada por Bahía Blanca representa un punto de inflexión en la resistencia de las comunas del interior bonaerense. Hasta el momento, las medidas de fuerza para frenar la iniciativa oficialista se acotaban al terreno de las solicitadas, comunicados de prensa y cumbres partidarias. Sin embargo, el fantasma del tarifazo aceleró la necesidad de recurrir a los estrados judiciales como herramienta de contención de última instancia.

Hay que resaltar que algo así ya se había manifestado días atrás en la Quinta Sección Electoral, donde dirigentes y concejales se congregaron en Villa Gesell para estampar su firma en un documento conjunto en defensa de la ley, catalogando la quita como una medida “profundamente injusta, insensible y centralista”. De aquel encuentro, comandado por el intendente local Gustavo Barrera, la diputada nacional Jimena López y el concejal marplatense Gustavo Pulti, brotaron las primeras líneas de acción que contemplan campañas de recolección de firmas, movilizaciones masivas al Congreso y, fundamentalmente, la articulación de amparos judiciales.

Con la presentación formal de esta herramienta institucional, la gestión de Susbielles posiciona a Bahía Blanca a la vanguardia de la resistencia jurídica comunal en la Provincia. Mientras el Poder Ejecutivo nacional defiende la poda de subsidios bajo las premisas del ordenamiento fiscal y el equilibrio presupuestario, los municipios del interior configuran una red de contención legal cuyo epicentro definitivo será el Senado de la Nación.