Los habitantes de 26 municipios de la provincia de Buenos Aires mantendrán plenamente resguardadas las garantías sobre el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental. La Justicia dictó una medida cautelar de no innovar que obliga a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura.

La resolución judicial responde a una acción preventiva de daños iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino. El organismo solicitó la intervención de los tribunales frente al riesgo inminente de que el actual proceso de reestructuración y privatización de la firma prestataria derivara en un deterioro de los servicios esenciales o en el abandono de trabajos planificados.

Además, es una acción que busca preservar el recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires y el daño ambiental que puede generar la desregulación.

El fallo llega en un contexto clave: tras la firma de un nuevo esquema contractual en mayo de 2026, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a Licitación Pública para vender el 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico.

Ante este panorama, la Defensoría alertó que el nuevo diseño tendía, en un análisis preliminar, a reducir exigencias regulatorias y diferir compromisos previamente asumidos.