El blindaje político y la sintonía que el gobernador Axel Kicillof exhibe habitualmente con las cúpulas sindicales de la CGT y las CTA sufrieron un severo chispazo en las oficinas administrativas de la capital provincial cuando el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires dio por cerrado el proceso de liquidación de los haberes correspondientes al mes de junio sin haber presentado una oferta de recomposición salarial.

La maniobra de la administración provincial profundizó el malestar en las sedes gremiales de los trabajadores estatales, el sector de profesionales de la salud (CICOP) y las organizaciones docentes. Los representantes gremiales esperaban una convocatoria urgente con porcentajes concretos sobre la mesa para que el impacto del incremento se acoplara de forma directa al cálculo de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Así, con el cierre de los sistemas informáticos de Tesorería, cualquier eventual actualización de haberes quedó postergada de forma fáctica para el mes de julio.

Las mesas técnicas paritarias desarrolladas durante la semana pasada en los anexos platenses concluyeron en un absoluto punto muerto. Los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, se limitaron a notificar a los paritarios la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento financiero provincial y a comprometer el desembolso del medio aguinaldo en tiempo y forma. Sin embargo, los funcionarios evitaron convalidar las planillas de aumento nominal.

Los negociadores de La Plata fundamentaron la parálisis de la oferta apelando al ya crónico cuadro de asfixia que padece el fisco provincial. En ese marco, los ministros insistieron en que la drástica caída en la recaudación local y el torniquete de los giros discrecionales aplicado por la Casa Rosada configuran una arquitectura presupuestaria extremadamente compleja.

Sin embargo, el argumento financiero no logró aplacar el descontento de los sindicatos, quienes recordaron que el último entendimiento paritario, que venció en mayo con una suba del 9,3%, resultó estéril ante la escalada de precios de la canasta y que los sueldos del sector público ya acumulan un retroceso real superior al 3% frente a la inflación, y exigen que el próximo tramo posea carácter retroactivo.

La tensión salarial perforó de forma directa las estructuras del sistema educativo bonaerense. Mientras los secretarios generales del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), bloque integrado por Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET, formalizaron reclamos urgentes por la restitución del poder adquisitivo, la preservación del esquema jubilatorio del IPS y mejoras en infraestructura escolar, el ala disidente aceleró las medidas de fuerza directa.

La agrupación Suteba Multicolor, opositora a la conducción de Roberto Baradel, capitalizó el descontento de las bases de las escuelas periféricas y lanzó una convocatoria a un paro de actividades con movilizaciones callejeras. La facción de izquierda denunció que las planillas salariales de los maestros de grado quedaron rezagadas y muy distantes del costo real de la canasta familiar básica, acusando al Ejecutivo bonaerense de licuar los salarios de forma coordinada con el ajuste general.

Con las negociaciones formales completamente estancadas y sin un cronograma de citación confirmado en el Ministerio de Trabajo, la paciencia de las estructuras sindicales tradicionales ingresó en una cuenta regresiva. Si bien las conducciones de los gremios estatales mayoritarios aguardarán una señal de la gobernación durante los próximos días para evitar romper puentes de diálogo institucional, advierten que el malestar interno en los hospitales, ministerios y escuelas bonaerenses condicionará la paz social de la provincia de cara al inicio del receso invernal.