El frente judicial que acecha a la familia presidencial y a las máximas jerarquías del oficialismo sumó una derivación procesal de extrema gravedad en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Guillermo Marijuán formalizó un pedido de declaración indagatoria para el diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Francisco Adorni, en el marco de una causa penal que lo investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica por omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas.

La presentación del dictamen acusatorio fue radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, subrogado actualmente por el magistrado Daniel Rafecas. En ese maroco, el requerimiento del fiscal se sustenta en un pormenorizado peritaje contable que detectó severas e insalvables asimetrías entre los ingresos legítimos percibidos por el legislador provincial y la vertiginosa evolución de sus activos declarados en el período comprendido entre los años 2023 y 2026, una pesquisa que avanza en paralelo a la causa que acorrala a su hermano y Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

Uno de los argumentos técnico-jurídicos más contundentes que plasmó el fiscal Marijuán en su escrito para fundar el pedido de indagatoria radica en los antecedentes laborales del propio imputado. Antes de acceder a su banca en la Legislatura platense, Francisco Adorni se desempeñó de forma paradójica en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, prestando servicios precisamente en el área técnica encargada de auditar, controlar y fiscalizar las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios judiciales de la provincia.

Para la fiscalía, esta experiencia previa pulveriza cualquier estrategia de defensa orientada a alegar "errores materiales" o desconocimiento técnico: "Resulta inverosímil sostener que un funcionario con formación específica en el control y seguimiento de declaraciones patrimoniales pudiera desconocer de forma involuntaria los requisitos, plazos y procedimientos legales obligatorios para confeccionar correctamente sus propios informes de bienes ante el Estado".

El origen de la investigación preliminar se remonta al momento en que el diputado bonaerense se vio forzado a rectificar a contrarreloj sus planillas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA), tras verse cercado por las primeras denuncias de lavado de dinero. En esa corrección de emergencia, Francisco Adorni incorporó una supuesta herencia familiar valuada en $21 millones, un activo que omitió declarar de forma sistemática en sus presentaciones de los períodos fiscales 2024 y 2025.

Sin embargo, la coartada familiar terminó abriendo una nueva caja de Pandora procesal debido a las contradicciones flagrantes detectadas por los peritos contables de la fiscalía. En ese marco, los montos y las fechas de adquisición de los fondos rectificados por el legislador bonaerense no coinciden en absoluto con los números exteriorizados de forma pública por su hermano, el ministro coordinador Manuel Adorni.

Cabe destacar que, según la versión exculpatoria ensayada por el entorno de la Jefatura de Gabinete, el dinero en efectivo habría sido hallado oculto tras el fallecimiento del progenitor de ambos en el año 2002. En ese marco, los investigadores judiciales constataron formalmente que no existen registros sucesorios ni expedientes de herencia legales que acrediten la existencia previa de esas divisas. Peor aún, las auditorías sobre el fallecido demostraron que su situación patrimonial real al momento de su deceso presentaba un tendal de deudas comerciales y múltiples embargos judiciales vigentes, tornando jurídicamente inviable la existencia del supuesto tesoro familiar.

A las inconsistencias del relato sucesorio se acopla el exponencial incremento de la riqueza personal declarada por Francisco Adorni a partir de su inserción en las terminales del sector público. El informe patrimonial de la fiscalía detalla que entre los ejercicios 2024 y 2025 el legislador libertario expandió de forma geométrica su cartera de activos, incorporando bienes inmuebles de alta cotización, vehículos de mediana y alta gama y otras colocaciones financieras.

Para el fiscal Guillermo Marijuán, el grueso de estos movimientos y saltos patrimoniales resulta de imposible justificación contable si se los coteja exclusivamente con los ingresos fijos y las dietas que Adorni percibió en su rol de funcionario y diputado. Con este dictamen sobre la mesa, la pelota quedó ahora en la cancha del juez Daniel Rafecas, quien deberá evaluar los elementos de prueba recolectados para fijar la fecha de la audiencia de indagatoria y definir si dicta la inhibición general de bienes del legislador bonaerense de La Libertad Avanza.