El funcionamiento de la estructura de conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) quedó formalmente cercado por los organismos de control del Estado provincial. En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dio por cerrado el estudio técnico de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la mutual estatal y, si bien le otorgó una aprobación formal al balance general, la resolución final incluyó la aplicación de severas multas y cargos económicos solidarios contra directores de la obra social tras constatar múltiples anomalías y desmanejos administrativos.

Las resoluciones del tribunal dejan expuestas las inconsistencias internas en el manejo de fondos en este complejo junio de 2026. El organismo de control resolvió aplicar multas individuales de $800.000 al director provincial de Planificación Prestacional y Gestión Directa, Nils Picca; a la directora de Efectores de Gestión y Prestación Directa de Primer Nivel, Mabel Nora Turkula; y a la titular de la misma área, Luciana Martín, por observaciones técnicas no subsanadas durante el proceso de auditoría de planillas.

Cabe destacar que la resolución del Tribunal de Cuentas bonaerense no se limitó a las sanciones pecuniarias, sino que derramó apercibimientos institucionales hacia los casilleros de mayor peso contable dentro del organigrama que conduce Homero Giles. El cuerpo auditor dispuso amonestaciones formales para la directora general de Administración, Andrea Eleonora Zavala; la directora de Finanzas, Agustina Battistuzzi; y los directores del área de Finanzas, Diego Oscar Di Renzo y Jorge Alberto Mongan.

El punto más sensible del dictamen contable avanzó con la formulación de un cargo económico de reintegro obligatorio por un total de $771.820,87, correspondiente a partidas presupuestarias que resultaron explícitamente desaprobadas por los peritos del tribunal. Este desfalco administrativo se dividió en dos bloques de responsabilidad civil solidaria.

En primer lugar, se determinó una devolución solidaria de $578.352,76 que deberá ser afrontada en conjunto por la contadora Andrea Zavala y la responsable del manejo de la Caja Chica del Área Presidencia, Gilda Alexia Balmaceda. A su vez, los restantes $193.468,11 fueron cargados a la cuenta personal de la propia Zavala en tándem con el responsable de la Caja Chica de la Dirección de Infraestructura y Servicios Auxiliares, Juan Pablo Capra.

El Tribunal de Cuentas notificó formalmente que dejó en suspenso el tratamiento definitivo de otros ítems neurálgicos que fueron observados durante las inspecciones de los libros de actas de 2024. Esto implica de forma jurídica que los funcionarios de IOMA alcanzados por las actuaciones no quedan liberados de su responsabilidad patrimonial ni legal hasta tanto el organismo emita una resolución de fondo.

A partir de la firma de la resolución, los directivos y administradores sancionados de la obra social contarán con un plazo perentorio de 90 días corridos para depositar el dinero de las multas y los cargos correspondientes en las cuentas oficiales del Banco Provincia pertenecientes al Tribunal de Cuentas. Si bien la normativa vigente les reserva el derecho de recurrir y apelar las sanciones ante las instancias superiores, las observaciones consolidan el manto de sospechas sobre los mecanismos de control interno y de flujo de caja que rigen en la mutual más poblada del distrito bonaerense.