En una maniobra que busca recuperar la iniciativa institucional, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reactivó de forma oficial la agenda parlamentaria en la Legislatura bonaerense. En ese marco, el Ejecutivo provincial remitió este martes tres ambiciosos proyectos de ley que apuntan a reformar de raíz los esquemas de salud pública, la producción soberana de fármacos y la regulación de los derechos laborales en las plataformas de comercio electrónico.

Los expedientes ingresaron formalmente a las mesas de entradas a pocas horas de que se reanuden las sesiones ordinarias en el Senado provincial. El envío a las comisiones técnicas se concreta tras meses de una profunda parálisis legislativa, provocada de forma directa por las internas que fracturan al peronismo bonaerense y que venían obturando el cuórum y el tratamiento de las prioridades del Palacio de la Gobernación.

En el plano laboral, la iniciativa de mayor impacto político y corporativo es la denominada “Ley Rappi”, un proyecto de regulación de las actividades de entrega de bienes y servicios a domicilio a través de aplicaciones digitales. El texto procura establecer un marco normativo de protección y un piso mínimo de derechos laborales para los miles de repartidores y choferes que prestan tareas operativas para multinacionales como Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify.

La versión definitiva remitida por los equipos técnicos del ministro de Trabajo, Walter Correa, sumó modificaciones sustanciales respecto a ensayos previos. Así, se incorporó las últimas directrices de jurisprudencia sentadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los fallos de la justicia laboral local. La ley buscará obligar a las firmas tecnológicas a garantizar seguros de accidentes, límites a las jornadas de conectividad y canales de negociación colectiva, un movimiento que promete abrir una dura resistencia por parte de las bancadas de La Libertad Avanza y el PRO.

Por otro lado, el aspecto sanitario de la ofensiva parlamentaria de Kicillof se estructuró a partir de dos proyectos de fuerte impronta regulatoria y estatal: en primer lugar, el Laboratorio Público de Medicamentos, que impulsa la creación de una sociedad del Estado para la producción local de medicamentos e insumos biomédicos esenciales, y a abastecer de forma prioritaria a los hospitales bonaerenses y fijar "valores de referencia" que rompan las pautas oligopólicas de precios de la industria farmacéutica tradicional; en segundo lugar, el Sistema Integrado de Salud Bonaerense, que promueve una reforma para unificar de forma transversal los recursos, efectores y niveles de atención de los subsistemas público (municipal y provincial), de obras sociales (con IOMA como pivote) y el sector privado, optimizando la cobertura de los pacientes del interior y del Conurbano.

Cabe destacar que, a pesar de este reimpulso de la rosca legislativa, desde los despachos de la oposición recordaron que Kicillof mantiene bajo absoluta parálisis dos de las promesas más rutilantes vertidas durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias: las leyes de Formación del Personal Policial y la nueva de Seguridad Pública, dos reformas estructurales vinculadas al control de las fuerzas de seguridad que continúan cajoneadas a la espera de que el oficialismo logre suturar su sangría política interna.