El debate en torno a la sustentabilidad macroeconómica y el uso de los recursos públicos en el principal distrito del país volvió a ingresar en una fase de extrema tensión técnica. En ese sentido, un exhaustivo informe de desempeño financiero federal elaborado por la consultora económica Empiria ubicó a la provincia de Buenos Aires en el puesto 15° sobre las 24 jurisdicciones de la Argentina, desnudando la fragilidad estructural que sufren las arcas de la gobernación bonaerense. 

El relevamiento, que audita variables homogéneas como la autonomía financiera, el resultado primario, el stock de pasivos y la calidad técnica del gasto, advierte que, pese al fuerte sesgo impositivo de la gestión local, la provincia capitaneada por Axel Kicillof enfrenta severas dificultades operativas para encontrar el equilibrio en sus cuentas públicas. A su vez, la consultora privada expone una paradoja en la matriz de ingresos de la provincia de Buenos Aires.

Por un lado, el principal punto fuerte de la administración radica en su elevada capacidad de autonomía financiera, traccionada de forma directa por su robusto entramado industrial, la densidad de su actividad agropecuaria y una menor dependencia relativa de la torta de Coparticipación Federal de Impuestos si se la compara con los distritos del Norte o el NEA. Sin embargo, desde Empiria señalan que esa inyección de recursos privados no logra compensar la inercia de un gasto público deficitario.

En este sentido, en declaraciones radiales, el especialista en política fiscal Bautista Santamarina le puso números precisos a la sangría presupuestaria bonaerense: “Buenos Aires registra actualmente un déficit fiscal primario equivalente al 0,3% de su Producto Bruto Geográfico. No obstante, cuando al análisis de flujo de caja se le incorpora de forma neta el pago de los intereses de los títulos de la deuda externa e interna, el rojo fiscal real se escala hasta el 0,8% del producto. Los indicadores no muestran mejoras sustanciales respecto al ejercicio anterior, lo que ratifica la severa resistencia de la Provincia para equilibrar su balanza presupuestaria en un escenario macroeconómico recesivo”. 

El segundo factor de peso que hunde la calificación bonaerense en el ranking federal es la carga de los pasivos financieros heredados y reestructurados. De acuerdo con el informe de la consultora, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor stock nominal de deuda, con compromisos de pago que ya representan cerca del 50% de sus ingresos anuales totales. Esta elevada exposición reduce al mínimo el margen de maniobra de la Tesorería General, obligando al Ejecutivo a desviar de forma sistemática partidas multimillonarias hacia los acreedores en detrimento de la inversión de capital. 

El panorama se torna aún más complejo ante los ruidos de funcionamiento que sacuden al brazo recaudador de la provincia. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), comandada por Cristian Girard, atraviesa semanas de fuerte cuestionamiento debido a recurrentes anomalías e inconsistencias detectadas en la Dirección de Catastro, sumado a crecientes denuncias de los bloques opositores y las cámaras mercantiles de la región capital que catalogan de "arbitrarias e intimidatorias" las últimas inspecciones de punto de venta desplegadas sobre los comercios de la ciudad de La Plata. 

Frente a la difusión de las planillas de las consultoras, desde los despachos del Ministerio de Economía provincial ensayaron un enérgico contraataque político y contable. Así, desde el entorno de Kicillof alegan que la asfixia de caja no responde a desajustes de la planificación bonaerense, sino al brutal e ilegal recorte de partidas ejecutado por la administración de Javier Milei. 

Desde la Gobernación precisaron que la Provincia le reclama formalmente a la Nación una deuda consolidada que ya supera la astronómica cifra de los 20 billones de pesos. Según el desglose de los expedientes girados a la Corte Suprema, ese gigantesco bache financiero incluye fondos de incentivo docente y compensaciones de transporte cortados por fórceps de forma unilateral, programas de asistencia sanitaria y alimentaria destinados de forma directa al Conurbano, y giros retenidos de coparticipación y giros específicos afectados a la asistencia financiera de los 135 municipios. 

Para los especialistas que auditaron el ranking de Empiria, el sostenimiento de este rojo fiscal de forma crónica no es gratuito, sino que obliga a la provincia a recurrir de forma sistemática al endeudamiento de corto plazo o a la emisión de Letras de Tesorería para garantizar el funcionamiento básico de los ministerios. En este marco, advierten que, de no mediar una tregua en la guerra de recursos con la Casa Rosada que permita estabilizar los ingresos, la capacidad real del Estado bonaerense para ejecutar obras de infraestructura estratégica continuará limitada, condicionando el desarrollo productivo del distrito en el mediano plazo.