El histórico Bajo de Martínez se transformó en el nuevo epicentro de una feroz disputa ambiental, urbanística y política cuando un numeroso colectivo de frentistas y agrupaciones de la sociedad civil del Municipio de San Isidro iniciaron una intensa campaña pública para frenar la construcción de un complejo residencial multifamiliar proyectado sobre la sensible topografía de la barranca, en la intersección de las calles General Alvear y Solís. La protesta, que ya se trasladó a las calles mediante la colocación de pasacalles con duros mensajes teledirigidos al intendente Ramón Lanús, encendió las alarmas de la gestión municipal, que salió a defender la legalidad de los plazos administrativos.

Bajo la consigna unificada “No queremos edificios en la barranca”, los carteles con códigos QR para recolectar firmas digitales aparecieron de forma simultánea en puntos estratégicos de Martínez y Acassuso. Los vecinos centran su preocupación en el alto impacto ambiental de la obra, la cual se planifica sobre el predio de General Alvear 1495/1501, un terreno que arrastra una pesada carga en la memoria colectiva regional ya que durante la década del '90 funcionó como la imponente y blindada residencia del oscuro empresario telepostal Alfredo Yabrán, cuyo nombre quedó asociado de forma indeleble al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.

 

 

 

 

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De acuerdo con la documentación técnica del proyecto a la que tuvieron acceso las juntas vecinales, el desarrollo inmobiliario consiste en una “Urbanización Especial Residencial” de alta gama. El plano de la constructora contempla la edificación de un bloque de departamentos de tres pisos de altura, con un total aproximado de treinta unidades habitacionales de categoría y, fundamentalmente, un imponente estacionamiento subterráneo.

Este último punto de las cocheras bajo tierra se consolidó como el principal eje de rechazo por parte de los ingenieros y frentistas del Bajo, quienes presentaron una impugnación formal contra el Estudio de Impacto Ambiental presentado por los desarrolladores privados. En este marco, los vecinos advierten que realizar una excavación de semejante escala y profundidad sobre el talud natural compromete seriamente la estabilidad geológica de una zona hiper-sensible de la barranca. La presentación técnica alerta sobre consecuencias irreversibles en la topografía de la costa, la destrucción de la forestación autóctona añeja, el colapso del tránsito vehicular en calles residenciales angostas y la consecuente alteración de la fisonomía de casas bajas que define la identidad histórica del sector.

La polémica por la exquinta de Yabrán rompió el cerco vecinal e ingresó con fuerza en los bloques del Concejo Deliberante, donde las bancadas opositoras unificaron posiciones para arrinconar al oficialismo de Ramón Lanús en pleno invierno de 2026. El concejal de Acción Vecinal San Isidro, Walter Pérez, plantó bandera al exigir la desestimación inmediata de los permisos de obra, recordando que el propio cuerpo legislativo ya declaró a la barranca como un área intangible protegida. "No hay excusas que valgan: o continúa siendo una zona estrictamente residencial o la barranca se convierte de fórceps en una zona de edificios de departamentos. Es inaceptable que se otorguen premios urbanísticos y excepciones encubiertas a los desarrolladores mientras los vecinos exigen protección", fustigó Pérez.

 

 

 

 

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Por su parte, el bloque unificado de Frente Renovador-Fuerza Patria acusó al Ejecutivo municipal de incurrir en una flagrante contradicción doctrinaria. El presidente de la bancada, Federico Meca, junto a los concejales Diego Montivero y Estefanía Rivadulla, recordaron que semanas atrás el propio oficialismo promovió modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU) bajo la promesa pública de defender la intangibilidad costera. "El gobierno de Lanús les da la espalda a los vecinos y mira para otro lado ante un negocio privado de gran escala que alterará el paisaje identitario", apuntó Montivero. Por su parte, Rivadulla advirtió que el conflicto trasciende lo edilicio y destacó: "Los sanisidrenses luchamos décadas para recuperar el acceso visual al agua. No podemos permitir que el interés inmobiliario vuelva a levantar muros de hormigón que privaticen de hecho un paisaje que es patrimonio de todos".

Frente a las críticas y las acusaciones de falta de transparencia, las autoridades institucionales del municipio salieron a bajarle los decibeles a la discusión. En ese sentido, en declaraciones a medios locales, el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Jorge Álvarez, pidió cautela y remarcó que el expediente administrativo aún se encuentra en una etapa de evaluación técnica. "Estamos hablando de un proyecto privado que todavía transita la fase de recepción de la Ley de Opinión del Entorno. El trámite está estrictamente sujeto a código, pero requiere de forma indefectible una instancia obligatoria de escucha vecinal que culmina este jueves 2 de julio. Cualquier especulación antes de esa fecha me parece apresurada y malintencionada", resaltó.

En sintonía con esto, desde el Ejecutivo de San Isidro ratificaron que el lote es de propiedad privada y aclararon que los indicadores de altura y densidad pretendidos por los constructores "se encuadran dentro de los parámetros máximos que permite el Código de Ordenamiento Urbano vigente, por lo que no se afecta la morfología de la barranca". Sin embargo, cabe destacar que la comuna le exigió a la firma la confección de un Estudio de Impacto Ambiental en Alvear y Solís con una consulta pública digital dónde los vecinos y organizaciones tendrán tiempo de volcar formalmente sus observaciones, objeciones o sugerencias técnicas en el expediente municipal hasta las 23:59 horas de este jueves 2 de julio de 2026, una fecha límite que marcará el destino final de la polémica barranca de Martínez.