El conflicto educativo en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo en las vísperas del receso invernal. En ese sentido, durante la habitual rueda de prensa de los días lunes en el Salón Dorado de la Gobernación, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, las máximas autoridades políticas y educativas de la administración de Axel Kicillof debieron fijar la postura oficial ante el paro docente decretado por los gremios de la educación en rechazo a la última propuesta de recomposición salarial.

En este marco, los funcionarios ratificaron que los mostradores de la paritaria sectorial continúan abiertos luego de que los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consideraran lisa y llanamente insuficiente la oferta estatal de un incremento de haberes del 2,5% mensual. Desde el Ejecutivo provincial transmitieron la expectativa de acercar posiciones y formular una propuesta superadora en el transcurso de las próximas horas para evitar otra paralisis de las clases. 

Por otro lado, y al ser consultada puntualmente sobre el recrudecimiento de la violencia intramuros en los establecimientos públicos, la ministra Terigi sentó un enérgico rechazo institucional y adelantó que se trabaja contrarreloj en la ampliación de los marcos normativos de resguardo para los trabajadores de la educación. 

"Nosotros, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y, en particular, desde la Dirección General de Cultura y Educación, rechazamos fuertemente los actos de violencia contra cualquier integrante de la comunidad escolar. Nos preocupa de manera prioritaria la violencia ejercida por integrantes de las familias de los y las estudiantes contra el personal de las escuelas", sentenció la funcionaria. 

En ese marco, Terigi explicó que el tema ya forma parte de la agenda de discusión de la paritaria, donde se busca extender los alcances de un histórico acuerdo preexistente sobre prevención y erradicación de la violencia escolar. "Ese acuerdo fundacional fue diseñado en otro momento histórico, cuando este tipo de episodios graves no ocurrían con la alarmante frecuencia con la que comenzaron a registrarse en los últimos tiempos", argumentó. 

La propuesta que La Plata puso sobre la mesa salarial y técnica contempla dos líneas de acción urgentes. En primer lugar, incorporar de manera taxativa y específica al protocolo aquellas contingencias en las cuales un docente, directivo o auxiliar sea objeto de algún tipo de ataque físico o verbal por el estricto ejercicio de su tarea pedagógica dentro de la institución. Y, en segunda instancia, estructurar un mecanismo de articulación directa con el Ministerio Público Fiscal. "Vamos a trabajar con la fiscalía para remitirle de forma inmediata la información técnica y las actas de cada hecho, de modo tal que la fiscalía pueda presentarse formalmente como parte interesada en la persecución penal del agresor", anticipó Terigi. 

Por su parte, el ministro Carlos Bianco amplió el encuadre sociopolítico de la problemática y advirtió que la agresividad en los entornos escolares no constituye un fenómeno aislado del aula. "El problema es mucho más amplio, porque en las escuelas se expresa de forma directa el mayor nivel de violencia que hoy impera en el conjunto de la sociedad. Es una condición general de la Argentina actual", analizó. 

En ese sentido, la mano derecha de Kicillof vinculó de forma directa esta degradación de la convivencia civil con las variables macroeconómicas de la Casa Rosada: "A nuestro entender, esto es el resultado directo de un modelo económico y social de exclusión que viene implantando de forma sistemática Javier Milei. Tiene que ver con los permanentes discursos de odio emanados desde el poder central, con los brutales ajustes fiscales, con el retiro planificado del Estado de los territorios y con las severas dificultades materiales que sufre la población para llegar a fin de mes".

Bianco concluyó señalando que el programa de shock nacional genera una sociedad profundamente dualizada, ensanchando la brecha entre una minoría que concentra riqueza y una mayoría asfixiada en sus necesidades básicas, un emergente que termina detonando en los barrios, en los clubes de fútbol infantiles y en los mostradores de los colegios. 

El reclamo de los gremios por condiciones seguras de labor se apoya en una seguidilla de hechos delictivos que sacudieron la agenda pública bonaerense en las últimas semanas y que forzaron paros distritales ante la falta de medidas de protección concretas por parte de la Dirección de Escuelas. El 25 de junio, en Moreno, durante el desarrollo de una reunión institucional obligatoria en una escuela primaria, una madre agredió físicamente a una docente y a la directora del establecimiento, lo que derivó en la radicación de denuncias penales y la suspensión total de las actividades por falta de garantías. 

Días antes, en las instalaciones del Jardín de Infantes N° 915 de la localidad de Las Tunas, Tigre, una preceptora y dos inspectoras distritales sufrieron feroces agresiones físicas por parte de un grupo de familiares de alumnos, forzando un paro total de actividades decretado por el gremio SUTEBA a nivel municipal. 

Más tarde, en Mar del Plata, una violenta secuencia registrada en el Jardín de Infantes N° 922 “Ara San Juan” culminó con agresiones directas a una trabajadora auxiliar, motivando movilizaciones callejeras de las comunidades educativas y la paralización del dictado de clases por tiempo indeterminado en reclamo de patrullajes preventivos.