Esta semana los criterios de transparencia del intendente camporista de Lanús, Julián Álvarez, quedaron en el ojo de la tormenta cuando, en medio de una ola delictiva que no da tregua en los barrios del sur del Conurbano, los bloques de la oposición formalizaron una dura denuncia pública por presuntos sobreprecios y opacidad en una licitación millonaria destinada a la compra de vehículos para la flota municipal, una operación oficial que demandó un desembolso de 2.100 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La ofensiva institucional fue encabezada de forma directa por la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Werenicz, quien presentó pedidos de informes para auditar los pliegos de bases y condiciones. De acuerdo con el relevamiento de costos efectuado por los equipos técnicos de la bancada libertaria, el Municipio comandado por el kirchnerismo podría haber adquirido exactamente las mismas unidades abonando "a casi la mitad del valor" de mercado actual, configurando un presunto desvío de fondos públicos. 

La transacción económica objetada por la oposición engloba un lote de 50 unidades cero kilómetro destinadas de forma teórica a robustecer las tareas de prevención en las distintas localidades de Lanús. El inventario bajo la lupa civil se compone de 30 camionetas Volkswagen Amarok y 20 vehículos Jeep Renegade. 

Más allá del desfasaje financiero detectado en las facturaciones, la concejal Werenicz advirtió sobre la absoluta falta de precisiones técnicas y administrativas en la documentación oficial girada por el Ejecutivo. Los fiscalizadores opositores denunciaron de forma taxativa que el expediente de la licitación carece de detalles elementales y obligatorios, tales como el destino geográfico final de los rodados, los planes de cuadrantes de patrullaje y las características específicas de las cláusulas de contratación y blindaje de las unidades. 

Por otro lado, LLA puso bajo la duda la efectividad real de esta millonaria inversión para neutralizar el mapa del delito local. En este sentido, Werenicz aseguró que, si estas 50 unidades se asignan de forma exclusiva al cuerpo de Seguridad Ciudadana local, cuyos agentes carecen de estado policial, no podrán intervenir en la comisión de delitos en la vía pública, sino únicamente dar aviso por radio a los servicios de emergencia de la Policía Bonaerense, lo que reduce la millonaria compra a un mero despliegue cosmético sin capacidad de acción inmediata contra los delincuentes. 

Los bloques opositores cerraron filas para fustigar la estrategia política del intendente de La Cámpora, señalando con ironía que el Ejecutivo comunal “reconoce la problemática de la inseguridad recién ahora” para poder justificae la compra. Por esta razón, los ediles exigieron formalmente que los recursos de las tasas municipales se reorienten de inmediato hacia dispositivos de prevención real, tales como la instalación masiva de cámaras de videovigilancia de alta resolución y el regreso operativo urgente de la Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI).