El proceso de reconfiguración tecnológica y desburocratización de la provincia de Buenos Aires ingresó en una nueva etapa regulatoria cuando el gobernador Axel Kicillof estampó su firma en el Decreto Nº 742/26, mediante el cual se crea el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un andamiaje legal diseñado para incorporar de forma ordenada algoritmos y sistemas automatizados en las tareas operativas de los ministerios y las delegaciones del interior.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial este martes 14 de julio, busca capitalizar el avance tecnológico como una "oportunidad estratégica" para optimizar el gasto y agilizar la atención ciudadana. Sin embargo, los laboratorios de la Gobernación imprimieron cláusulas para garantizar que la transición digital se realice bajo parámetros de seguridad informática y transparencia. El texto fija de forma taxativa que la IA en la gestión pública debe concebirse estrictamente como una herramienta de asistencia y apoyo para los trabajadores estatales, y bajo ningún punto de vista como un mecanismo de reemplazo del empleo público.

El decreto gubernamental delega el control total de la botonera tecnológica en una funcionaria del riñón del Ejecutivo. En ese marco, la responsabilidad regulatoria recayó en la Subsecretaría de Gobierno Digital, la dependencia técnica conducida por Sandra D’Agostino, que se encargará de coordinar y autorizar la implementación de software predictivo en el Estado. A su vez, la cartera de D'Agostino implementará de forma inmediata el Registro de Inteligencia Artificial. A partir de esta disposición, todos los organismos centralizados y descentralizados de la administración bonaerense estarán obligados a declarar de forma transparente qué herramientas basadas en IA utilizan, qué bases de datos civiles procesan y cuáles son las finalidades administrativas de dichos algoritmos.

La avanzada regulatoria del Poder Ejecutivo se sincroniza de forma periférica con los movimientos que viene realizando la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal bonaerense redactó un exhaustivo reglamento marco de 45 páginas, actualmente sometido a una consulta pública abierta con colegios de magistrados y abogados, para fijar las fronteras éticas de la tecnología en los tribunales penales y civiles.

El documento judicial es tajante respecto a las prohibiciones impuestas a los magistrados. La Suprema Corte ratificó que “la función jurisdiccional es absolutamente indelegable e insustituible”, dictaminando que bajo ninguna circunstancia o emergencia procesal se podrá delegar en una Inteligencia Artificial la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución de un juicio, la valoración de las pruebas de una causa o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia definitiva.

Asimismo, los ministros de la Corte advirtieron de forma severa a los jueces que el uso de estas herramientas informáticas de asistencia no los exime en absoluto de su plena responsabilidad civil y penal, obligándolos a ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado sobre cada dictamen que emane de sus despachos, blindando las paritarias de la justicia de posibles sesgos tecnológicos automatizados.