La puja regulatoria por el destino de los recursos públicos y la delimitación de competencias entre la gobernación provincial y las intendencias sumó un nuevo capítulo de máxima tensión interna en el oficialismo. En este sentido, el senador provincial y vicepresidente primero de la Cámara Alta, Mario Ishii, formalizó la presentación de un proyecto de ley para impedir que los municipios deban financiar con recursos propios el mantenimiento operativo de los móviles de la Policía Bonaerense, obligando a la administración central a absorber la totalidad de dichos costos.

La jugada del histórico dirigente de José C. Paz, quien ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión institucional de la Provincia, se da en el marco de una persistente asfixia financiera. Con esta iniciativa, Ishii no solo abre una discusión medular sobre el área de seguridad, sino que consolida un perfil de fuerte presión legislativa sobre el gobernador Axel Kicillof, sumando este expediente a los recientes proyectos de su autoría que exigen declarar las emergencias sanitaria y alimentaria en el territorio bonaerense.

El articulado técnico del proyecto impone un torniquete a las prácticas de descentralización de costos que la Casa de Gobierno de La Plata suele volcar sobre los intendentes del Conurbano y del interior. En este sentido, establece de forma imperativa que el Ministerio de Seguridad bonaerense será el único responsable de costear el mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones mecánicas, compra de repuestos, reposición de neumáticos y la contratación de pólizas de seguro de la flota policial. A su vez, la ley abarcará incluso a las unidades cero kilómetro adquiridas por las comunas mediante el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad (creado por la Ley 15.394 y reglamentado por el decreto 371/2025). Todos sus gastos de combustible y operatividad deberán ser sostenidos por las arcas provinciales.

De manera complementaria, la norma prohíbe que los convenios de adhesión a programas provinciales obliguen a las intendencias a comprometer tasas locales. Si las partidas enviadas originalmente por la Provincia resultan escasas, la diferencia económica deberá ser cubierta en su totalidad por el Ejecutivo bonaerense, sin posibilidad de exigir aportes de las comunas.

En los fundamentos de la iniciativa que ingresó formalmente por los mostradores del Senado comandado por Verónica Magario, Ishii esgrime razones de orden constitucional y fiscal. El legislador argumenta con dureza que la seguridad pública es una competencia originaria y exclusiva de la provincia de Buenos Aires y que, por estricto principio de correspondencia fiscal, el nivel de gobierno que ostenta la facultad jurídica debe garantizar el financiamiento material del servicio de red.

Acorde al proyecto, la experiencia de los últimos años demostraría que los fondos específicos girados a las intendencias resultan absolutamente insuficientes para cubrir el desgaste diario del parque automotor policial. Como consecuencia de este desfasaje, decenas de comunas terminan desviando recursos de sus propias tasas locales para afrontar arreglos de motor, compra de cubiertas y combustible de vehículos de una fuerza que no controlan.

En ese marco, acorde a lo expuesto por el legislador, esto genera una distorsión en la distribución de competencias y lesiona la autonomía financiera municipal, limitando la capacidad de los intendentes para prestar los servicios públicos básicos que los vecinos demandan de forma directa en los barrios.

Con este escenario, el proyecto promete transformarse en uno de los ejes de mayor debate en las comisiones de la Cámara Alta de cara a la sesión ordinaria convocada para este jueves 16 de julio, donde el oficialismo bonaerense deberá dirimir si convalida la ofensiva de Ishii o abroquela sus votos para defender las exhaustas cajas del ministerio de seguridad kicillofista.