prestacional que asfixia a la mayor obra social de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de presión legislativa en los mostradores de la Cámara Baja. El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) ingresó un proyecto de ley para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por un plazo de 180 días prorrogables, sumándose a la ola de cuestionamientos que la oposición viene lanzando contra la administración de Axel Kicillof.

La iniciativa formalizada por los diputados provinciales Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo, busca dar respuesta a las sistemáticas denuncias de los afiliados civiles por falta de cobertura médica de red, deudas acumuladas con prestadores y la suspensión de tratamientos crónicos. El texto legal prohíbe el cobro de copagos indebidos a los usuarios y ordena un reforzamiento en las zonas del interior bonaerense con menor oferta sanitaria.

Uno de los pilares del proyecto radica en obturar de forma regulatoria el desvío de partidas presupuestarias hacia el Tesoro Provincial, una de las principales críticas técnicas que el radicalismo también expuso recientemente en los recintos parlamentarios. Así, se establece que los aportes de los empleados y las contribuciones patronales del Estado deben girarse de forma directa y automática a las cuentas del IOMA, aplicando severos punitorios financieros a los mostradores de la gobernación si se demoran los plazos de entrega.

En este sentido, el FIT-U propone que la totalidad de los legisladores bonaerenses, los magistrados judiciales y las máximas autoridades del Ministerio Público queden incorporados por ley obligatoriamente al sistema de salud estatal, cotizando bajo las mismas escalas salariales que el resto de la base trabajadora.

La reforma de base que impulsa el bloque combativo apunta directamente al control político del organismo. La propuesta contempla ampliar el Directorio a 24 representantes elegidos mediante voto directo, universal y secreto de los propios trabajadores estatales y jubilados. En este nuevo esquema de poder interno, el Poder Ejecutivo Provincial perdería la potestad de designar a la conducción y pasaría a retener un único delegado con funciones estrictamente limitadas a la coordinación administrativa.

“Para solucionar de raíz la crisis del IOMA es imperioso fortalecer su autarquía financiera, transparentar el manejo de los recursos y otorgarle la conducción real a los afiliados mediante mecanismos democráticos de base”, señalaron Mónica Schlotthauer y Christian Castillo. El proyecto fija un plazo de 60 días para convocar a elecciones de autoridades y ordena un relevamiento inmediato de las deudas institucionales para saldar prioritariamente los haberes de los profesionales médicos damnificados por los atrasos en las liquidaciones.