El proceso de rediseño institucional y traspaso de mandos políticos en la cúspide de la administración nacional sumó un nuevo capítulo de centralidad operativa. A casi un mes de haber asumido la conducción del Palacio de Hacienda, el flamante Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, oficializó una profunda reorganización interna de su cartera, ratificando funcionarios en segundas líneas y blindando el control burocrático sobre las finanzas de los distritos del interior.

A través de las normativas oficiales, Santilli avanzó con los decretos 606/26 y 607/26 para consolidar su estructura de laboratorios de asesores. En primer término, ratificó en su cargo a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, área que a partir de ahora reportará de forma fáctica a la Vicejefatura de Gabinete conducida por Guillermo Devitt. En paralelo, el coordinador gubernamental designó al exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, como nuevo titular de la unidad gabinete de asesores de la jefatura, reubicando al dirigente bonaerense tras su paso por el extinto Ministerio del Interior.

Más allá de los casilleros del organigrama civil, la definición política de mayor impacto se plasmó en la firma de la Resolución 65/26. Mediante este dispositivo legal, Santilli delegó facultades de empleo público en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y competencias de control en la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, guardando el resorte de máxima sensibilidad presupuestaria para la Vicejefatura de Gabinete del Interior, bajo la dirección de Gustavo Coria.

Esta dependencia concentrará a partir de ahora la potestad legal de regular, visar y autorizar el acceso a operaciones de endeudamiento externo para provincias y municipios, así como el otorgamiento de garantías y avales soberanos frente a los mostradores internacionales.

La concentración de este resorte regulatorio representa un golpe directo a la estrategia de obra pública que intenta sostener el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el cual se encuentra a la espera de una convocatoria oficial que destrabe el financiamiento externo. Hay que destacar que el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires mantiene frenado el proyecto para la construcción de la nueva planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales del Gran La Plata.

La megaobra de saneamiento de red cuenta con un crédito preaprobado por organismos multilaterales por un monto de 270 millones de dólares, y la administración central mantiene pisada la firma de la garantía indispensable para el desembolso de los fondos, una política de restricción presupuestaria que se suma al corte de las transferencias corrientes.

Ante este nuevo mapa de mandos diseñado por Diego Santilli, los laboratorios platenses de Kicillof reiteraron la urgencia de coordinar una audiencia de trabajo presencial con el equipo de la Jefatura de Gabinete nacional. Desde la Gobernación bonaerense remarcaron que ya enviaron un pliego epistolar formal incluso antes de la asunción del funcionario, con el objetivo de destrabar los avales financieros que condicionan la infraestructura básica de la región, sin haber obtenido respuestas formales hasta la fecha.