En la provincia de Buenos Aires se reactivó una histórica disputa por el reparto de los recursos públicos hacia el interior del territorio. En ese sentido, legisladores de diversas bancadas partidarias y jefes comunales bonaerenses impulsan una reforma integral del Coeficiente Único de Distribución (CUD), denunciando que la normativa de coparticipación se encuentra obsoleta, carece de transparencia y distorsiona las prioridades de gestión local al beneficiar a aquellas comunas que sobredimensionan sus estructuras de salud en detrimento de otras demandas comunitarias. 

La Ley 10.559, sancionada en 1987, regula una fórmula de reparto que es definida como una "caja negra" por exalcaldes de la Unión Cívica Radical (UCR). La falta de publicación en tiempo real de las estadísticas de ocupación de camas, derivaciones y egresos hospitalarios impide que los municipios puedan auditar el impacto de sus datos antes de la difusión del CUD definitivo. Hoy, la merma de recursos golpea por igual a intendentes de distintos signos políticos, registrándose pérdidas del 5%, el máximo tope legal permitido, en comunas como General Madariaga, conducida por el radical Esteban Santoro, quien estimó el perjuicio en 800 millones de pesos anuales, equivalentes a una masa salarial completa de su planta civil. 

Desde el bloque de intendentes de Fuerza Patria, el jefe comunal de Laprida, Alfredo Fisher, vinculó las tensiones por la coparticipación bonaerense con el escenario macroeconómico general y apuntó contra el Poder Ejecutivo Nacional por la parálisis de transferencias, señalando la existencia de un "Estado nacional irresponsable y descorazonado que se alejó de sus responsabilidades". 

A su vez, el alcalde peronista respaldó que la medicina municipal retenga centralidad en el reparto para los distritos que no cuentan con efectores provinciales, aunque exigió mayor transparencia tecnológica en el cálculo de los ponderadores del Ministerio de Economía para atenuar las quejas vecinales. 

Hay que destacar que la disconformidad con el actual esquema de asignación presupuestaria generó una ola de iniciativas parlamentarias en ambas cámaras de la Legislatura para modificar de raíz la matriz distributiva. El senador Sergio Vargas (Unión y Libertad) promueve un proyecto de ley para elevar la participación de los municipios del 16,14% actual al 21% de los recursos globales de la Provincia. Su propuesta incluye la coparticipación de los fondos del juego de azar y un nuevo esquema de ponderación objetiva: 30,6% por población, 30% por Salud, 12% por gasto geográfico, 12% por superficie, 5% por Seguridad y 5% por Educación, premiando el desempeño tecnológico e investigativo de los municipios. 

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Andrés De Leo presentó una iniciativa para obligar al Ministerio de Economía provincial a publicar los componentes detallados del CUD antes del 31 de octubre de cada año, coincidiendo con el tratamiento del Presupuesto. De Leo advirtió que el sistema vigente obliga a los municipios a diseñar políticas sanitarias con el único fin de captar fondos en lugar de fortalecer la atención primaria preventiva. 

A su vez, el senador Marcelo Leguizamón (bloque HECHOS) busca crear un mecanismo de Control y Verificación integrado por representantes de la Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas y legisladores de las comisiones de Presupuesto. El objetivo es transparentar los ponderadores y evitar que los intendentes deban interpretar a ciegas los criterios aplicados por la autoridad económica bonaerense. 

Por su parte, el senador provincial de La Libertad Avanza (LLA) e intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, calificó al CUD como un mecanismo "malo, obsoleto e injusto" que no premia a las comunas que generan mayor actividad económica, inversiones y recaudación real. “El sistema actual posee un absurdo peso del 37% en las cuestiones de salud que distorsiona los incentivos locales y promueve que se mientan o dibujen datos sobre la cantidad de camas disponibles sin que nadie ejerza un control real. Proponemos que el ítem Salud sea excluido de la fórmula general y pase a financiarse mediante un régimen de convenios específicos bilaterales entre cada municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en función de lo que verdaderamente aporta cada hospital de comunidad a la red sanitaria provincial”, destacó.