Tras el vencimiento de los beneficios de promoción fijados por la legislación nacional para el sector energético, el debate por las arcas comunales sumó un nuevo foco de tensión en el interior bonaerense, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, impulsó en el Concejo Deliberante la creación de una tasa de seguridad e higiene destinada a los parques eólicos, fijando un canon de USD 5.200 anuales por cada aerogenerador, una iniciativa que encendió las alarmas de las compañías operadoras e inició una fuerte disputa con los bloques opositores.

La iniciativa del Ejecutivo comunal aprovecha la finalización del plazo de protección previsto en la Ley 27.191, cuyo régimen impidió hasta el 31 de diciembre de 2025 que las provincias y municipios gravaran con cánones o tributos específicos a la generación limpia. Con ese marco caduco, el oficialismo olavarriense busca captar recursos de un sector en franca expansión en el distrito, donde operan tres parques eólicos y se proyecta una cuarta planta de generación.

La medida provocó la reacción del sector privado y de la bancada opositora en el cuerpo deliberativo, abriendo un frente de controversia técnica y regulatoria. En este marco, las compañías eólicas cuestionan la potestad del Municipio para gravar una actividad regulada dentro del sistema eléctrico interconectado nacional y señalan que imponer una suma fija por máquina desconoce la variabilidad en la generación real provocada por la intermitencia del viento, lo que encarece los costos de mantenimiento de las inversiones.

De esta manera, desde el bloque libertario, la concejal Adela Casamayor encabezó el rechazo legislativo bajo el argumento de que "más impuestos representan menos inversiones", advirtiendo sobre el riesgo de frenar la radicación de nuevos desarrollos energéticos en la región.

El debate que encabeza Wesner para ampliar la recaudación en un contexto de restricción presupuestaria se proyecta como un caso de prueba para otras comunas de la provincia de Buenos Aires que albergan infraestructura eólica y solar. Mientras el oficialismo local cuenta con los votos necesarios para avanzar con la sanción del texto en las comisiones del Concejo Deliberante, las cámaras del sector privado preparan presentaciones técnicas y legales para frenar el denominado "impuesto al viento" antes de su promulgación.